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Viernes, 2 octubre 2026
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EN DISCUSIÓN

Alquileres: martilleros llevaron a Kicillof una propuesta para bajar el costo de entrada

El Colegio de Martilleros bonaerense se reunió con el Gobernador y le presentó el proyecto de Régimen de Alquiler Social. La iniciativa apunta a determinados sectores de menores ingresos y contempla beneficios para inquilinos y propietarios.

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El problema de los alquileres volvió a entrar en la agenda de la Provincia por una vía que combina al sector inmobiliario con la discusión política. El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos bonaerense llevó este jueves a Axel Kicillof una propuesta para crear un Régimen de Alquiler Social que busca reducir los costos iniciales que deben afrontar quienes necesitan acceder a una vivienda.

El encuentro entre las autoridades de Martilleros BA y el Gobernador tuvo además otro eje, la puesta en funcionamiento de la Cuenta Recaudadora destinada a inmobiliarias, una herramienta implementada a partir de un trabajo conjunto entre ARBA, Banco Provincia y la entidad profesional. De la reunión participaron el titular de ARBA, Cristian Girard; el vicepresidente del Colegio, Alfredo Lavalle; y el secretario de Relaciones Institucionales, José María Sacco.

Pero el punto central para el mercado locativo fue la presentación formal ante Kicillof del proyecto de Alquiler Social. La iniciativa había tenido previamente una primera escala política en la Legislatura bonaerense. Semanas atrás, el Consejo Directivo de Martilleros BA se reunió con el diputado provincial de Fuerza Patria Héctor Rubén Eslaiman, a quien le acercó la propuesta para su estudio y eventual tratamiento parlamentario.

Desde el Colegio señalaron a La Tecla que en ese encuentro hubo un compromiso para analizar la iniciativa y darle forma técnica y legal para que pueda ser puesta a consideración del recinto legislativo.


Alquileres: martilleros llevaron a Kicillof una propuesta para bajar el costo de entrada


La propuesta establece una segmentación para determinar quiénes podrían acceder al régimen. El criterio planteado por los martilleros toma como referencia que el monto locativo mensual inicial no supere el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 por 48 horas de trabajo de un empleado de la Administración Pública Provincial, contemplada en la Ley 10.430.

Para quienes queden incluidos, el proyecto contempla una serie de alivios en los gastos que aparecen al momento de firmar un contrato. Uno de los principales puntos establece que los honorarios de martilleros y corredores públicos por la intermediación sean afrontados por los propietarios, de acuerdo con las escalas arancelarias correspondientes.

También se propone que los informes solicitados ante el Registro de la Propiedad Inmueble no tengan costo para los inquilinos y revisar el tope de la valuación fiscal utilizado para la exención del Impuesto de Sellos.

El proyecto suma además beneficios vinculados con los servicios ya que para acceder a las prestaciones de las empresas proveedoras, alcanzaría con presentar el contrato correspondiente, mientras que las certificaciones requeridas serían gratuitas para los locatarios alcanzados por el régimen. A su vez, las compañías no cobrarían costos de conexión, reconexión, depósito, cambio de titularidad u otros cargos vinculados con esos alquileres.

El esquema también busca generar un incentivo del otro lado del contrato y la iniciativa contempla un régimen especial de simplificación y beneficios fiscales para propietarios que incorporen al mercado locativo viviendas alcanzadas por las condiciones establecidas, además de invitar a los municipios a adherir mediante exenciones de tasas y derechos.

La idea de segmentar es uno de los puntos que el Colegio presenta como diferencial frente a otras iniciativas que fueron discutidas en torno al acceso a la vivienda. “Hay un concepto que se debe incorporar, como es la segmentación”, explicó el presidente de Martilleros BA, Luis Colao.

Desde la entidad remarcan que no es lo mismo la situación de un estudiante o una familia de bajos recursos que la de quienes alquilan inmuebles en zonas de mayor poder adquisitivo. Por eso consideran que una política de este tipo debería concentrarse en los sectores que enfrentan mayores dificultades para ingresar al mercado locativo.

En ese sentido, Colao sostuvo que “no son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado”, aunque consideró que “el esfuerzo conjunto del Estado, los propietarios y los profesionales podrá facilitar el ingreso al mercado locativo de los sectores sociales de menores ingresos”.

La propuesta llega a la mesa de Kicillof mientras el alquiler se mantiene como uno de los gastos que mayor presión genera sobre los hogares que no tienen vivienda propia. En ese escenario, el Colegio busca que la Provincia intervenga sobre un momento particularmente sensible, el ingreso al inmueble, cuando se acumulan honorarios, certificaciones, sellados, depósitos y otros gastos además del primer mes de alquiler.

El planteo de los martilleros no es la única iniciativa que circula en la Legislatura bonaerense. El peronismo también puso recientemente el foco sobre los costos que afrontan quienes alquilan. Un proyecto presentado en el Senado por la legisladora Mónica Macha, con apoyo de Inquilinos Agrupados, propone que en los alquileres destinados a vivienda la comisión inmobiliaria sea afrontada exclusivamente por el propietario.

La iniciativa plantea modificar la normativa que regula la actividad de martilleros y corredores públicos para impedir que las personas inquilinas deban pagar comisiones, honorarios, gastos de administración o gestoría derivados de la intermediación en alquileres de vivienda.

Así, con proyectos que parten de sectores diferentes y con enfoques distintos, el acceso al alquiler empieza a recuperar espacio en la agenda bonaerense. Mientras una propuesta busca trasladar la comisión al propietario y otra plantea reducir de manera segmentada los costos de ingreso para determinados sectores, el punto de encuentro aparece en un problema que excede la discusión legislativa y golpea directamente a quienes necesitan alquilar para acceder a una vivienda.

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