La iniciativa de Facundo Tignanelli crea una instancia prejudicial obligatoria en la Defensoría del Pueblo y un Registro Provincial de Prestamistas. También establece límites a las cobranzas y prevé quitas, reducción de tasas y ampliación de plazos para quienes no puedan afrontar sus compromisos.

Endeudados: Defensoría y La Cámpora buscan regular a prestamistas y limitar las cuotas

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Con el objetivo de hacer frente al aumento de las personas sobreendeudadas en la Provincia, se presentó un proyecto de ley para establecer en la Defensoría del Pueblo bonaerense un mecanismo de ayuda para quienes sufren este tipo de problemas financieros.

Esta iniciativa, presentada por el diputado Facundo Tignanelli, busca crear un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, y prevé que el organismo que conduce Guido Lorenzino, además de la atención de casos, ofrezca una instancia prejudicial obligatoria para facilitar la reestructuración de deudas y frenar los abusos de financieras, plataformas digitales y agencias de cobro.

“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, expresó Lorenzino.

En esa línea, indicó que “buscamos ser justos para las dos partes, mediante negociaciones que se realicen de la forma más fácil y práctica, y pidiendo dejar de lado la hostilidad y el maltrato que sufren las personas que se encuentran en esta situación”.

Por su parte Tignanelli expresó que, “buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas. El modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento como nunca se vio y tenemos que pensar en todas las estrategias posibles para ayudar a las personas”.

El objetivo es dejar de negociar cada deuda aisladamente y analizar la situación económica integral de la persona, evitando que un acuerdo con un acreedor haga imposible cumplir con los demás.

Una negociación obligatoria antes de llegar a la Justicia

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de una Instancia Prejudicial Obligatoria para la Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento, que funcionaría dentro de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El mecanismo sería obligatorio tanto para el consumidor como para sus acreedores. De esta manera, ningún acreedor podría iniciar una acción judicial para cobrar o ejecutar una deuda alcanzada por el régimen sin haber agotado previamente esa instancia de negociación.

La Defensoría tendría un rol clave: podría convocar a los acreedores, analizar las deudas, verificar liquidaciones, celebrar audiencias, formular propuestas de reestructuración y promover acuerdos. Además, estaría habilitada para homologar los convenios alcanzados entre las partes.

El procedimiento sería gratuito para el consumidor y permitiría concentrar todas las obligaciones en un único trámite. La intención es evitar que una persona llegue a acuerdos individuales que terminen haciendo imposible afrontar el resto de sus deudas.

El límite del 30% de los ingresos

Uno de los artículos que podría generar mayor impacto es el que establece que la suma de las cuotas mensuales derivadas de los acuerdos de reestructuración no podrá superar el 30% del ingreso mensual neto de la persona deudora.

En el caso de trabajadores o personas con ingresos variables, la iniciativa plantea tomar un promedio razonable de los ingresos acreditados durante el período que determine la Defensoría. El organismo también deberá procurar una distribución equilibrada de la capacidad de pago entre los distintos acreedores.

Además, cualquier propuesta de regularización deberá contemplar al menos dos de tres alternativas: ampliación del plazo de pago, reducción de la tasa de interés o quita total o parcial del capital adeudado.

El proyecto también busca impedir que las tasas, cargos o mecanismos de actualización terminen haciendo imposible el cumplimiento del acuerdo. Para ello, establece que los intereses deberán guardar una relación razonable con la operación, el capital adeudado, las condiciones económicas y la capacidad de pago del consumidor.

Un registro para controlar a los prestamistas

Otro de los ejes de la propuesta es la creación de un Registro Provincial de Prestamistas, donde deberán inscribirse quienes otorguen de manera habitual o profesional préstamos de dinero, créditos personales, adelantos de fondos o financiamiento, incluyendo las operaciones realizadas mediante plataformas digitales y aplicaciones móviles.

La obligación alcanzaría incluso a quienes no tengan un establecimiento físico en territorio bonaerense cuando sus actividades tengan como destinatarios a personas domiciliadas en la Provincia. Las entidades financieras reguladas por el Banco Central quedarían exceptuadas de la inscripción, aunque continuarían alcanzadas por las demás disposiciones que correspondan.

El registro debería contar con información sobre los prestamistas, sus canales de comercialización, contratos, tasas, costo financiero total, gastos, comisiones y mecanismos de cobranza. La autoridad de aplicación tendría facultades para realizar inspecciones, controlar liquidaciones y verificar las tasas y cargos aplicados.

La iniciativa va un paso más allá: aquellos prestamistas obligados a registrarse que otorguen créditos sin cumplir con ese requisito perderían la posibilidad de reclamar judicialmente intereses, comisiones, gastos administrativos y otros cargos. En esos casos, el reclamo quedaría limitado al capital efectivamente entregado, descontando los pagos que ya hubiera realizado el deudor.

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