San Martin de los Andes: el intendente zafó del juicio político
Carlos Saloniti respondió durante casi cuatro horas a los seis cargos planteados por una vecina y presentó documentación ante el Concejo Deliberante. La moción para avanzar con el proceso fue rechazada por 7 votos contra 4, por lo que jefe comunal continuará al frente del municipio
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El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes rechazó este jueves el pedido para iniciar un juicio político contra el intendente Carlos Saloniti. La decisión se tomó después de una extensa sesión especial en la que el jefe comunal respondió durante casi cuatro horas a los seis cargos formulados por la vecina Valeria López Oronoz.
La votación terminó con siete concejales en contra de avanzar con el procedimiento y cuatro a favor. De esta manera, el proceso no continuará hacia una etapa de investigación y Saloniti no será suspendido de sus funciones, tal como planteaba la acusación.
La jornada había comenzado a las 9 y tuvo al intendente como principal expositor. Saloniti concurrió al recinto acompañado por varias cajas con documentación y utilizó ese material para responder cada uno de los cuestionamientos. Una copia de los antecedentes presentados quedó en poder del Concejo Deliberante.
El pedido de juicio político había sido presentado el 2 de agosto y contemplaba seis hechos vinculados con la gestión municipal: el funcionamiento del sistema de saneamiento y su relación con el lago Lácar; una deuda con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN); los controles sobre las obras en el cerro Chapelco; una supuesta obstrucción a la Contraloría Municipal; el presunto incumplimiento de una medida cautelar relacionada con el Convenio Colectivo de los trabajadores municipales; y la participación ciudadana en el proceso de elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial.
Sobre el saneamiento, Saloniti cuestionó la caracterización de un supuesto colapso general del sistema y sostuvo que existen obras y gestiones en marcha para atender las deficiencias de las plantas. Entre la documentación presentada mencionó expedientes destinados a incorporar equipamiento y señaló una inversión proyectada de alrededor de 600 millones de pesos para un grupo electrógeno, nuevos sopladores y un equipo para el tratamiento de lodos.
El intendente también sostuvo que durante su gestión se destinaron cerca de 1.552 millones de pesos a distintas intervenciones vinculadas con las plantas de saneamiento. Admitió que las inversiones no solucionan todos los problemas estructurales del sistema, pero rechazó que el municipio haya permanecido inactivo frente a esas dificultades.
Otro de los puntos abordados fue la deuda con el EPEN. Saloniti explicó que desde 2006 existía un mecanismo de compensación entre el municipio y el organismo provincial y que la Municipalidad comenzó a asumir determinados consumos eléctricos de las plantas de agua en 2022, en medio de dificultades financieras de la Cooperativa de Agua.
Según su exposición, el desequilibrio comenzó a hacerse visible en 2024 y se profundizó durante 2025 por el aumento de las tarifas y la expansión de la cantidad de suministros. De los 286 medidores señalados en el planteo, indicó que 150 corresponden a alumbrado público y otros 91 a usos generales, mientras que el resto está distribuido entre suministros residenciales y de distintas categorías de demanda.
Saloniti también remarcó que 204 de esos suministros ya existían antes del inicio de su administración y que durante su gestión se incorporaron 82. Con esos datos buscó cuestionar que la totalidad de la situación pudiera atribuirse al actual gobierno municipal y señaló que algunos consumos están vinculados con viviendas o situaciones sociales que requieren un análisis particular.
En relación con la medida cautelar vinculada al Convenio Colectivo, el intendente sostuvo que la acusación confunde una discusión sobre la constitucionalidad de una norma con un eventual incumplimiento de una orden judicial. Su argumento fue que ambas cuestiones deben diferenciarse y que, para atribuirle una responsabilidad personal, debería identificarse qué resolución debía cumplir, qué conducta se le ordenó y cuál habría sido el acto concreto que contradijo esa disposición.
El control sobre las obras del cerro Chapelco fue otro de los puntos centrales del descargo. Saloniti aseguró que el municipio ejerció sus facultades de fiscalización y puso como ejemplo una intervención del 30 de enero de 2026, cuando inspectores detectaron movimientos de suelo realizados por la empresa concesionaria en un sector de estacionamiento sin autorización municipal.
De acuerdo con su exposición, ante esa situación el municipio ordenó paralizar los trabajos y posteriormente exigió documentación y medidas de mitigación. Con esos antecedentes, el intendente rechazó que la existencia de una infracción de un privado pueda ser utilizada como prueba de que el Ejecutivo municipal abandonó sus funciones de control ambiental.
También respondió a la acusación de haber obstaculizado el trabajo de la Contraloría Municipal. Saloniti sostuvo que el organismo tiene facultades para observar, cuestionar y recomendar, mientras que corresponde al Ejecutivo tomar decisiones administrativas. Reconoció que existen diferencias y observaciones entre ambas instituciones, pero aseguró que las presentaciones recibidas fueron respondidas en su mayoría o derivadas a las áreas correspondientes para su evaluación.
El sexto cargo estuvo relacionado con el Plan de Ordenamiento Territorial y la participación ciudadana. El intendente negó que el Ejecutivo haya intentado evitar una audiencia pública y explicó que el proyecto todavía se encuentra en una instancia de elaboración técnica. Según su planteo, la audiencia correspondiente deberá realizarse cuando el instrumento llegue a la etapa de aprobación de la normativa urbanística.
En ese punto, Saloniti destacó las reuniones realizadas durante el proceso con colegios profesionales, prestadores de servicios, juntas vecinales, cámaras empresarias, concejales y distintas áreas municipales. Su argumento fue que la participación ciudadana ya forma parte del proceso de elaboración y que eso no implica que se haya omitido la instancia formal de audiencia pública prevista por la Carta Orgánica.
Tras responder los seis cargos, el intendente pidió que las decisiones de su administración fueran evaluadas a partir de los expedientes y antecedentes incorporados al debate. Defendió su gestión sin presentarla como exenta de errores y sostuvo que las dificultades que atraviesa una administración municipal no constituyen por sí mismas motivos para una destitución.
El Concejo Deliberante terminó rechazando la moción para avanzar con el juicio político por siete votos contra cuatro. El resultado cerró, al menos en esta instancia, el procedimiento impulsado a partir de la presentación de López Oronoz y permitió que Saloniti continúe ejerciendo la Intendencia de San Martín de los Andes.
La definición se produjo después de una jornada en la que también estuvieron presentes el Defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo, el juez de Faltas, Carlos Sánchez Galarce, representantes sindicales de ATE y UTA, integrantes de comisiones barriales, organizaciones sociales, instituciones deportivas y entidades religiosas.
El intendente cerró su exposición reivindicando el trabajo realizado durante su administración y planteando que las diferencias sobre sus decisiones deben canalizarse mediante los mecanismos institucionales de control. La votación del Concejo dejó sin avance el pedido de juicio político y evitó que Saloniti fuera apartado temporalmente del cargo mientras se investigaban los hechos denunciados.
