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Viernes, 24 julio 2026
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ALARMANTE

Crisis carcelaria en PBA: sobrepoblación, hacinamiento y un sistema al límite

El sistema penitenciario bonaerense alberga a más de 64 mil personas y registra una sobreocupación promedio del 117,3%. Desde la Comisión Provincial por la Memoria advierten que el problema es estructural.

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La sobrepoblación en las cárceles bonaerenses se mantiene como un problema estructural y La Plata aparece entre los distritos más comprometidos. Dos establecimientos penitenciarios ubicados en la capital provincial se encuentran entre las diez dependencias con mayor exceso de ocupación de todo el territorio bonaerense.

De acuerdo con los datos oficiales correspondientes a abril de 2026, el sistema penitenciario provincial alberga a 64.367 personas privadas de la libertad y registra una sobreocupación promedio del 117,3%. En ese escenario, la Alcaidía Departamental de La Plata ocupa el sexto lugar entre los establecimientos con mayor exceso de ocupación, con un 75,2%, mientras que la Unidad Penal N°45 de Melchor Romero se ubica en el octavo puesto, con un 68,4% de sobrepoblación.

Crisis carcelaria en PBA: sobrepoblación, hacinamiento y un sistema al límite

El escenario se agrava por el crecimiento sostenido de la población penitenciaria. Según los mismos registros, durante el primer cuatrimestre de 2026 la cantidad de personas privadas de la libertad en la provincia aumentó un 6,3%. La situación de La Plata forma parte, así, de una problemática que atraviesa al conjunto del sistema y que, de acuerdo con especialistas y organismos de derechos humanos, tiene un carácter estructural.

Así lo explicó Rodrigo Pomares, coordinador del Área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria, en diálogo con el programa Desconfiados. Pomares señaló que el problema no puede analizarse exclusivamente a partir de la situación de una determinada unidad o departamento judicial. “Es un problema estructural. No es un problema que se pueda explicar desde una unidad”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la distribución de las personas privadas de su libertad responde a una lógica general del sistema penitenciario y a las políticas criminales implementadas en la provincia.

 

Para dimensionar el escenario, el referente de la Comisión Provincial por la Memoria planteó que el sistema cuenta con unas 28 mil plazas para alojar a alrededor de 60 mil personas. A esa cifra se suman otras 4 mil personas que cumplen arresto domiciliario, en su mayoría bajo sistemas de monitoreo electrónico. “Imagínense los niveles de sobrepoblación de un sistema que trabaja con 28.000 plazas para alojar personas y tiene 60.000”, afirmó.

Según Pomares, la sobrepoblación promedio en las cárceles bonaerenses alcanza actualmente niveles muy elevados, aunque existen establecimientos donde la cifra es significativamente mayor. “En algunas unidades hay 60% de sobrepoblación y en otras supera el 150%”, explicó. También remarcó que la problemática atraviesa tanto a complejos ubicados en el conurbano como a establecimientos del interior, aunque la cantidad de personas encarceladas suele ser mayor en los departamentos judiciales más cercanos al área metropolitana.

Durante la entrevista, Pomares también cuestionó la evolución de la tasa de prisionización en la provincia. Según explicó, el indicador pasó de 130 personas privadas de la libertad cada 100 mil habitantes en 2006 a alrededor de 336 cada 100 mil en 2026. “Es la tasa más elevada del país” y “supera la tasa de prisionización a nivel mundial”, afirmó. A su vez, sostuvo que en los últimos cinco años el indicador creció un 27%, al pasar de aproximadamente 290 a 360 personas cada 100 mil habitantes.

El coordinador del Área de Justicia y Seguridad de la CPM vinculó este crecimiento con una política criminal que, a su entender, genera un ingreso de personas al sistema mayor al número de egresos. “Siempre van a ser más las personas que ingresan al sistema que las que egresan”, sostuvo, y agregó que cada año queda un remanente de unas 2 mil personas privadas de la libertad. Para Pomares, las reformas legislativas y las decisiones judiciales que restringen las salidas alternativas profundizaron el problema.

Como consecuencia, advirtió sobre el deterioro de las condiciones de detención y señaló que “el 90% de las muertes dentro de las cárceles” están vinculadas con problemas de salud no atendidos, mientras que otro 4% corresponde a suicidios. “Muy pocas muertes están asociadas, a diferencia de lo que se suele creer, a violencia intracarcelaria”, concluyó.

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