Pergamino: la Justicia no halló contaminación, pero castigó la falta de controles sobre las fumigaciones
El fallo absolvió a productores y aplicadores por falta de pruebas y puso el foco en la actuación de funcionarios municipales durante los años investigados.
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Tras cuatro meses de juicio, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario dictó sentencia en la causa por presunta contaminación ambiental con agroquímicos en Pergamino. La resolución absolvió a siete de los nueve imputados al considerar que no existieron pruebas suficientes para acreditar el delito previsto en la Ley 24.051, aunque cuestionó duramente las fallas en los controles municipales.
Los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodríguez y Elena Dilario remarcaron que existen evidencias científicas sobre los riesgos asociados a la exposición a agroquímicos, pero sostuvieron que en el expediente no se pudo demostrar que los acusados hayan actuado fuera de las normas en los lugares y períodos denunciados.
El tribunal señaló que durante el proceso no se logró precisar cuándo ocurrieron las fumigaciones denunciadas, un dato considerado clave para establecer responsabilidades penales. También criticó el planteo de la fiscalía al considerar que estuvo basado en “generalidades” y conclusiones sin suficiente respaldo probatorio.
Por esa falta de elementos concretos, fueron absueltos los productores Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó, Carlos Sabatini y Hugo Sabatini, además del ingeniero agrónomo José Luis Grattone y el aplicador Cristian Taboada. En cambio, los funcionarios municipales Guillermo Naranjo y Mario Tocalini fueron condenados por no haber realizado los controles que correspondían.
Ambos integrantes de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino recibieron una pena de dos años de prisión condicional, cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y tareas comunitarias. Para los jueces, tenían la capacidad y la responsabilidad de intervenir, pero no actuaron de la manera esperada, generando un esquema de falta de fiscalización.
Además, el Tribunal consideró que los funcionarios condenados representaban “los eslabones más bajos” de la cadena de responsabilidad y pidió investigar el accionar del intendente Javier Martínez durante el período analizado. El fallo también planteó la necesidad de una mesa de diálogo entre autoridades, productores, especialistas y vecinos para avanzar en una regulación integral, mientras vuelve a quedar expuesta la falta de una legislación provincial o nacional clara sobre zonas de exclusión y aplicación de fitosanitarios.
