José Raúl Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, habló en Desconfiados sobre la denuncia presentada que apunta contra funcionarios del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte y autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.

Denuncian a funcionarios nacionales por presunto desvío de fondos destinados a rutas y obras viales

José Raúl Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, habló en Desconfiados sobre la denuncia presentada que apunta contra funcionarios del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte y autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad.

La presentación fue realizada por la Asociación Gremial de Profesionales de Vialidad Nacional y apunta contra funcionarios del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte y autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad. La denuncia habla de presunta malversación de fondos públicos, fraude contra la administración, incumplimiento de deberes y hasta falsedad ideológica.

En diálogo con Desconfiados, José Raúl Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, aseguró que la Dirección Nacional de Vialidad "viene sufriendo una falta de inversión en rutas nacionales" que "cada vez es más grave".

Al hablar de datos, Rizzo aseguró que un 75% de las rutas nacionales se encuentran "en estado regular o malo", en contraparte al 50% que existía al comienzo de la gestión de Milei. Sobre el estado de los corredores y la respuesta del gobierno nacional, afirmó que: "El problema es que las rutas argentinas hay que atenderlas, cada vez tenemos más riesgo de muerte, cada vez tenemos más riesgo de accidentes, y sinceramente, llegó un momento, nosotros estuvimos esperando todo este tiempo para ver si era un problema de coyuntura, pero ahora que vemos que esto sigue demorándose, terminamos haciendo una denuncia".

El eje de la presentación judicial es el presunto desvío de recursos provenientes del impuesto a los combustibles, fondos que deberían destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales. “El Estado cobra impuestos para atender las rutas y esos fondos tienen un destino específico. Sin embargo, se derivan a otros ministerios mientras las rutas quedan abandonadas”, afirmó el secretario. Los denunciantes sostienen que, mientras tanto, crecieron las obras paralizadas, el deterioro de las rutas y los riesgos de accidentes.

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Rizzo también puso el foco sobre las políticas de concesión impulsadas por el Gobierno nacional. Según su testimonio, el Ejecutivo concentra su estrategia en unos 9.000 kilómetros de rutas que busca concesionar al sector privado, pese a que la red vial nacional supera los 40.000 kilómetros. “Con 9.000 kilómetros no resolvemos la situación del país. Las rutas nacionales son todas importantes, tengan o no un gran caudal de tránsito”, sostuvo el dirigente.

En ese marco, el gremio cuestionó que las futuras concesiones contemplen únicamente tareas de mantenimiento básico y no obras de ampliación o modernización. “No hay mejoras de banquinas, ni ampliación de capacidad, ni transformación de rutas en autovías o autopistas. Se están entregando rutas por 30 años sin un plan de crecimiento”, advirtió.

El secretario adjunto también indicó que se duplicaron la cantidad de estaciones de peaje de centros de peaje y que se triplicaron los costos del peaje en cada lugar. Haciendo énfasis en esos números, aseguró que "un ciudadano va a tener que pagar seis veces más de lo que paga ahora para circular el mismo trayecto que hacía hasta antes de esta gestión".

Además, aseguran que durante 2024 y 2025 se habrían retenido alrededor de 0,4 billones de pesos destinados a infraestructura vial, dinero que, según plantean, terminó invertido en instrumentos financieros y no en trabajos sobre la red de caminos.

Otro de los puntos fuertes de la denuncia es la supuesta manipulación de informes técnicos para justificar recortes y decisiones administrativas, entre ellas el decreto que avanzó sobre la estructura de Vialidad Nacional. También denuncian hostigamiento laboral, sumarios internos y desplazamiento de personal técnico y gremial que venía advirtiendo sobre el vaciamiento del organismo.

Desde el gremio remarcan que el abandono del mantenimiento vial no sólo genera un problema de seguridad, sino también un fuerte perjuicio económico para el Estado, porque reconstruir rutas destruidas cuesta mucho más que mantenerlas en condiciones.

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