28 de abril de 2026
TRAS EL ACTO
Punto por punto, el proyecto que presentó la Suprema Corte para lograr la autarquía
Luego del acto realizado para reclamar por la cobertura de sus vacantes, el máximo tribunal bonaerense ya presentó la iniciativa para lograr su autonomía presupuestaria.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires elevó hoy formalmente a la Honorable Legislatura un proyecto de ley que instituye el régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera del Poder Judicial.
El objetivo central de esta iniciativa es garantizar la independencia real del servicio de justicia, poniendo fin a las delegaciones históricas al Poder Ejecutivo en materia salarial y de recursos.
El extenso mensaje, firmado por el máximo tribunal bonaerense, argumenta que la independencia judicial es un pilar constitucional irrenunciable (arts. 1°, 5°, 31 y concordantes de la CN; art. 10 de la Constitución provincial). Durante décadas, la política salarial de magistrados, funcionarios y agentes judiciales ha dependido de delegaciones abiertas en las leyes de presupuesto, una situación que la propia Suprema Corte de Justicia calificó como inconsistente con el régimen constitucional (Res. SCBA N° 2158/17).
Entre los puntos principales, la Suprema Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto, con participación previa del Ministerio Público. Se incorporará como sección autónoma al Presupuesto General de la Provincia, sin reducciones en su cuantía y bajo coordinación con el Ejecutivo. Las erogaciones se atenderán con cargo al Tesoro provincial y recursos propios.
También plantearon la distribución interna de dicho presupuesto: 65% para la Jurisdicción Administración de Justicia y 35% para el Ministerio Público (revisable anualmente según litigiosidad, personal y programas). A su vez, aspiran a contar con nuevos recursos propios: además de los actuales (tasas, multas, aranceles, etc.), se incorpora la participación en la renta de los depósitos judiciales en el Banco Provincia, entre el 40% y 50% de la rentabilidad generada. Esos fondos se destinarán prioritariamente a infraestructura, inmuebles, equipamiento y tecnología.
Con respecto a la política salarial, la Corte fijará el escalafón y remuneraciones, propiciando una progresiva paridad razonable con las remuneraciones promedio de la Justicia federal. Durante los primeros tres ejercicios, se coordinará con el Ejecutivo un convenio plurianual (hasta 5 años) para recuperar al menos el 85% de la brecha existente.
También aspiran a conformar un Fondo Fiduciario de Infraestructura e Innovación Tecnológica, donde el mismo se crea por 30 años para financiar obras edilicias, adquisiciones de inmuebles y proyectos tecnológicos. El Banco Provincia actuará como agente fiduciario.
Con respecto a la transparencia, la Suprema Corte se obliga a publicar información detallada en los sitios web del Poder Judicial y creación de un Comité de Programación y Armonización Financiera con el Ejecutivo, más una Comisión Bicameral en la Legislatura para seguimiento.
El régimen completo entrará en vigencia con el presupuesto 2028. Hasta entonces, se mantiene la normativa vigente en materia salarial y se prevén plazos de 180 días para convenios clave (infraestructura, depósitos judiciales y plan salarial inicial). Durante tres años, la Corte podrá desconcentrar órganos y limitar el aumento de cargos (máximo 5% anual por jurisdicción, salvo policía judicial).
El proyecto retoma iniciativas anteriores: un antecedente similar presentado en 2014 por el Ejecutivo (que perdió estado parlamentario) y la ley 15.044, que incluyó la autarquía como prioridad del mapa judicial.
Desde la Corte se destaca que el objetivo es “fortalecer institucionalmente al Poder Judicial y propender al desenvolvimiento eficaz del servicio de justicia”, alineándose con estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre recursos suficientes y estables para la independencia judicial.
La iniciativa ya genera expectativa en el ámbito político y judicial bonaerense. Se espera que ingrese en las próximas horas a las Cámaras para su tratamiento legislativo.