21 de abril de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
El desbalance de las obras marplatenses
Mientras la obra pública nacional languidece por las políticas de Milei, la provincia es un contrapeso. La inversión privada sostiene la construcción en “La Feliz”, pero con riesgos en el horizonte.
Mar del Plata, a diferencia de otras ciudades del país, resistió durante años la crisis de la obra pública, pero en la actualidad la construcción enfrenta un escenario complejo. La ciudad, donde la construcción ha sido un termómetro social y económico, se encuentra atrapada en un doble desafío: por un lado, la paralización de las obras estatales desde que Javier Milei asumió; por otro, la inversión privada, única vía de sostén laboral, se enfrenta a obstáculos crecientes y judicialización que podrían transformar la incertidumbre en desempleo.
Más allá del turismo y la pesca, la construcción representa uno de los polos de inversiones de relevancia sostenida. Según los datos del Producto Bruto Geográfico (1993, 2004, 2012 y 2023), el rubro representó entre el 5,8% y el 10% de la economía marplatense, siendo la rama más significativa del sector secundario. El freno de la obra pública bajo el gobierno de Milei significó un golpe profundo en la matriz productiva. Aunque la inversión privada permitió sostener cierta actividad, esta se enfrenta a “tormentas” legales y económicas que tensionan al sector.
En cuanto a obras públicas, el presupuesto 2026 de Nación contempla apenas dos proyectos en Mar del Plata: la refuncionalización del Hotel 4 de Chapadmalal y la delegación local de Migraciones, con una inversión conjunta de 32 millones de pesos. En la provincia, el panorama es diferente: el gobierno de Axel Kicillof proyecta 35 iniciativas, con una erogación que supera los 21 mil millones de pesos, incluyendo la restauración de La Rambla, buscando compensar la ausencia de fondos nacionales.
En el ámbito municipal, el panorama tampoco es alentador. La Secretaría de Obras, bajo la gestión del polémico Jorge “Guasa” González, evidenció en 2025 un magro avance: apenas el 38,2% del presupuesto destinado se ejecutó. El presupuesto 2026 prevé 9.319 millones, reduciendo la escala de los proyectos y repitiendo obras ya anunciadas, como el Cema de Batán. La excepción es la segunda etapa del Acueducto Oeste, que Tomás Amato, presidente de Obras Sanitarias y hombre de La Libertad Avanza, busca reactivar con fondos propios por un total de 923 millones de pesos. La contradicción política es evidente: mientras la obra pública cae bajo la administración de Milei, un funcionario afín al oficialismo nacional toma la iniciativa con recursos propios para avanzar en infraestructura vital.
En tanto, la obra pública languidece, el sector privado mantiene su dinamismo. Según la rendición de cuentas de 2025, se registraron 625.000 metros cuadrados de superficie en obra nueva y expedientes ingresados, un aumento superior al 70% respecto al año anterior. La ordenanza de incentivos sancionada en 2021 impulsó a los empresarios a seguir extendiendo torres, countries y complejos de viviendas, especialmente a lo largo de la línea costera y en la franja sur que va de Punta Mogotes a Chapadmalal.
Sin embargo, el crecimiento privado no está exento de problemas. La judicialización de proyectos emblemáticos, como la torre de 35 pisos, comienzan a frenar inversiones y tensan la relación entre desarrolladores y gremios. La UOCRA local advierte sobre los riesgos de un sector sostenido casi exclusivamente por capital privado, donde cualquier tropiezo legal o económico podría impactar de inmediato en el empleo.
El impacto del retiro estatal se refleja también en la economía local: el freno de la obra pública nacional disminuyó la actividad del sector secundario, mientras que la dependencia de la inversión privada expone a la ciudad a los vaivenes del mercado inmobiliario y financiero. La paradoja de Mar del Plata es que, a pesar de un sector privado pujante, la ciudad enfrenta el riesgo de desbalance estructural: obras detenidas, empleo vulnerable y proyectos que se estancan ante obstáculos legales y burocráticos.
En este contexto, los desarrolladores privados actúan como la válvula de oxígeno de la construcción, pero la falta de contrapeso público y la dependencia de la judicialización generan un clima de incertidumbre. La combinación de baja inversión estatal, presión judicial y dificultades económicas para sostener proyectos marca un horizonte donde el equilibrio entre lo público y lo privado será fundamental para mantener la industria activa y evitar un colapso laboral en la ciudad.
Este 2026 exigirá un delicado equilibrio. La obra pública necesita recuperar protagonismo para generar empleo estable y garantizar planificación urbana, mientras el sector privado requiere seguridad jurídica y regulaciones claras para continuar impulsando inversiones.
La construcción, motor central del empleo marplatense, dependerá de que los tres niveles de gobierno —Nación, Provincia y Municipio— encuentren un punto de convergencia, o el desbalance que hoy amenaza con paralizar el desarrollo se profundizará.