Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio a conocer la compleja situación del país y cómo decanta en las arcas provinciales. Educación, salud, empleo público y el Poder Judicial en alerta.

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La caída de los recursos que reciben las provincias comenzó a impactar en la dinámica laboral del sector público y la provincia de Buenos Aires aparece entre las jurisdicciones donde la tensión se mantiene en algunos sectores del Estado. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la retracción de ingresos públicos está vinculada al aumento de la conflictividad laboral en las administraciones provinciales.

El estudio analiza la evolución de las transferencias nacionales, la recaudación propia de las provincias y el mapa de conflictos estatales durante los primeros meses de 2026. En ese contexto, señala que el deterioro de los recursos disponibles se traduce en dificultades para sostener el gasto público, que en la mayoría de las provincias se concentra en salarios y servicios sociales.

De acuerdo con el informe, en marzo se registró una nueva caída real de las transferencias nacionales a las provincias. Los Recursos de Origen Nacional (RON) descendieron 3,8% interanual, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos cayó 7,0%.

El retroceso no es aislado: se trata del tercer mes consecutivo de descenso y el primer trimestre de 2026 cerró con una caída promedio de 6,1% en los recursos de origen nacional y de 8,0% en la coparticipación.

El informe subraya que estas transferencias representan una parte central de los ingresos provinciales. En promedio, el 44,8% de los recursos de las provincias proviene de la coparticipación federal y, si se suman otras transferencias nacionales, el peso asciende al 54% del total.

A esta situación se agrega una caída en la recaudación propia de las provincias. Según el documento, desde el inicio de la gestión de Javier Milei los recursos de origen provincial registraron una disminución real promedio de 7,3% en comparación con el período anterior.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el informe identifica cuatro áreas principales de conflictividad en el empleo estatal: educación, salud, empleo público y el Poder Judicial.

Sin embargo, el escenario es heterogéneo. Mientras que los sectores de educación y salud alcanzaron acuerdos paritarios recientes que replican los incrementos otorgados al resto de los estatales, los conflictos continúan abiertos entre trabajadores de la administración pública y judiciales.

En estos casos, los reclamos se centran en la necesidad de mejoras salariales de emergencia y en el pase a planta permanente de trabajadores que se desempeñan bajo modalidades temporarias.

El análisis del CEPA muestra que la conflictividad laboral atraviesa a todas las provincias. Desde el inicio de 2026 se registraron al menos 92 conflictos laborales en el sector estatal, de los cuales el 80,4% permanecen activos y solo el 19,6% lograron resolverse de manera transitoria en negociaciones paritarias.

Los conflictos involucran principalmente a sectores que concentran el mayor peso del gasto público provincial, como educación, salud, seguridad, justicia y sistemas previsionales.

En ese sentido, el informe destaca que entre el 70% y el 80% del gasto provincial se destina a servicios sociales, lo que incluye salarios de docentes, personal sanitario, fuerzas de seguridad y jubilaciones.

Para los autores del informe, la dinámica económica explica buena parte de la tensión actual. La caída del consumo y de la actividad impacta en la recaudación de impuestos nacionales y provinciales, lo que reduce los recursos disponibles para las administraciones subnacionales.

Ese escenario presiona sobre las negociaciones salariales en el sector público y genera conflictos que se multiplican en distintas áreas del Estado.

En este contexto, advierten que incluso los conflictos que lograron acuerdos podrían reabrirse en el corto plazo si la pérdida del poder adquisitivo continúa y las cuentas provinciales siguen mostrando señales de deterioro.

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