Millonaria disputa entre Nación y Provincia: primer round sin acuerdo en la Corte
El conflicto por transferencias previsionales refleja la falta de diálogo político y agrava la confrontación entre ambas gestiones.
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires mantiene abiertas siete demandas contra la administración nacional por deudas que, según estimaciones oficiales, alcanzan los $15,6 billones. Uno de los reclamos más relevantes tuvo un primer avance la semana pasada con una audiencia convocada por la Corte Suprema, donde funcionarios de Axel Kicillof y de Javier Milei se encontraron cara a cara por primera vez tras meses de tensión política.
El eje del conflicto gira en torno a los fondos que la ANSES debe transferir a la caja jubilatoria bonaerense, una de las que no fueron transferidas al sistema nacional. Desde la provincia aseguran que la deuda supera los $2,2 billones y que los envíos están interrumpidos desde 2024, lo que profundizó el reclamo judicial.
La audiencia se realizó en la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal, con la participación de funcionarios de ambas partes. Por la provincia asistieron el fiscal de Estado Hernán Gómez, el ministro de Economía Pablo López, el asesor general Santiago Pérez Teruel y la titular del IPS, Marina Moretti. En representación de Nación estuvieron funcionarios y abogados de la ANSES.
El encuentro concluyó sin definiciones concretas y con el compromiso de continuar las negociaciones. La Corte fijó una nueva audiencia para el 21 de abril, fecha en la que ambas partes deberán informar avances en las conversaciones. Hasta entonces, organismos provinciales y nacionales deberán intercambiar información técnica para intentar destrabar el conflicto.
Desde la administración bonaerense sostienen que el Estado nacional incumple con transferencias que, por ley, deben compensar el déficit de las cajas previsionales provinciales. En cambio, desde Nación argumentan que existen inconsistencias en la información presentada. La disputa se enmarca en un escenario más amplio de tensión política y financiera, agravado tras la decisión del gobierno de Milei de suspender los mecanismos automáticos de envío de fondos, lo que profundizó el enfrentamiento con la provincia.
