19 de marzo de 2026
JUDICIALES
La Provincia apeló, pero el millonario embargo no se mueve
Pese a la apelación del gobierno bonaerense, el Juzgado Federal Nº4 de La Plata ordenó al Banco Provincia ejecutar la medida y depositar los fondos en una cuenta judicial.
La Justicia Federal resolvió mantener el embargo millonario dictado contra el Estado bonaerense por la crisis de efluentes cloacales en la región. El titular del Juzgado Federal Nº4 de La Plata, Alberto Recondo, concedió la apelación presentada por la Provincia pero "al solo efecto devolutivo", lo que significa que la medida sigue vigente mientras la Cámara revisa el planteo.
El embargo, que asciende a más de $157 mil millones, fue dictado a principios de mes tras el incumplimiento provincial de una orden judicial que exigía incorporar en el presupuesto los fondos necesarios para frenar el daño ambiental. La causa por daños se inició en 2020 y acumula años de advertencias judiciales sin respuesta concreta del gobierno bonaerense.
Las obras en cuestión buscan construir un sistema de saneamiento capaz de captar, tratar y disponer adecuadamente los efluentes cloacales generados por La Plata, Berisso y Ensenada. Actualmente, los líquidos son vertidos con escaso o nulo tratamiento en cursos de agua como el Arroyo El Gato, que desemboca en el Río Santiago y finalmente en el Río de la Plata.
Los datos técnicos incorporados a la causa son contundentes: mientras la normativa establece un límite de 2.000 bacterias coliformes fecales por cada 100 mililitros, estudios del año pasado registraron valores cercanos a 7,1 millones, lo que evidencia una contaminación extrema con consecuencias sanitarias directas para la población.
En su resolución, Recondo rechazó el argumento provincial de que el embargo impediría ejecutar las obras. El juez consideró que existe una "ausencia de voluntad" histórica para concretar el proyecto, y advirtió que suspender la medida vaciaría de contenido a las cautelares ambientales. Por eso ordenó al Banco Provincia depositar los fondos en una cuenta judicial, donde permanecerán hasta que se acredite el inicio de la primera etapa de los trabajos.
El fallo busca poner freno a una crisis que combina décadas de déficit de infraestructura, crecimiento urbano y falta de inversión sostenida. Mientras la apelación sigue su curso en la Cámara, el mensaje de la Justicia es claro: el embargo no se detiene y las obras, largamente postergadas, ya no pueden esperar.