El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, y el titular de la cartera del Interior, Rogelio Frigerio, le acercaron a Mauricio Macri un plan para cumplir con la meta de reducción del déficit fiscal en 200.000 millones de pesos que exige el Fondo Monetario Internacional. El 25 por ciento de ese esfuerzo, según el proyecto, lo debería hacer la provincia de Buenos Aires.
Avido de noticias positivas que lo saquen del desconcierto que vive en estos días por una crisis que no avizoró, el Presidente tomó a pie puntillas ese desafío, pero la actualidad financiera bonaerense hace prácticamente imposible esa meta. Y la negativa de María Eugenia Vidal a asumir semejante compromiso lleva a que, en la mesa donde se deben cerrar los números, lo ideal y lo real colisionen de frente.
“A Macri le venden un plan falto de realidad y la Provincia expone en las reuniones un exceso de realidad”, le dijo a La Tecla un dirigente de Cambiemos conocedor de los números, y preocupado por la crisis que cada vez más deja de ser económica y pasa a ser social.
En síntesis, para reducir su costo fiscal, el Ejecutivo nacional quiere que las provincias sean solidarias en el esfuerzo, y anota a Buenos Aires con una contribución de 50.000 millones de pesos el año que viene. “Imposible”, aducen en la administración bonaerense.
El traspaso de las competencias sobre Edenor y Edesur y de la empresa estatal AySA a la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, es donde se materializa el acompañamiento que Nación le reclama a las dos jurisdicciones administradas también por políticos del PRO.
Aún con los números sin cerrar, y con Vidal y el ministro Hernán Lacunza plantados en negociar el menor costo posible para su administración, la cifra de los pretendidos 50.000 millones se vería drásticamente reducida. De cualquier modo, no bajaría a menos de la mitad, y eso significa que por los menos el erario bonaerense resignaría unos 25.000 millones de pesos que pensaba destinar a otra cosa y no a pagar subsidios de energía eléctrica o el plan de saneamiento de AySA.
Esos 25.000 millones de pesos es los que contaba como extra la administración provincial en 2019 a partir de la reparación del Fondo del Conurbano conseguida este año, por la cual el gobierno nacional se comprometió a girar 40.000 millones en 2018 y subir la cifra a 65.000 en el próximo ejercicio.
TAMBIEN COMPLICA LA NEGOCIACION POLITICA
El problema para Vidal excede lo meramente económico, y entra a tallar en el juego político. Con un déficit primario en caída, y la posibilidad de contar con 25.000 millones extra el año que viene, en la idea de la Gobernadora y de su ministro de Economía aparecía la confección de un Presupuesto 2019 sin la necesidad de endeudamiento. Y sin esa urgencia, las negociaciones con la oposición serían mucho más baratas en términos políticos.
Pero si Buenos Aires debe resignar ese dinero en pos de la reducción del déficit fiscal de la Nación, la Provincia se vería obligada a mandar a la Legislatura un Presupuesto que vuelva a contener endeudamiento para equilibrar su balanza. Y en ese contexto, la oposición vuelve a tener una oportunidad para exigir más antes de acompañar la Ley de Leyes.
El Ejecutivo provincial se guardó para esas instancias las preciadas sillas vacantes del Tribunal de Cuentas, el directorio del Banco Provincia y hasta un lugar en el estrado de la Suprema Corte. Sin embargo, con eso no alcanzaría.
Sergio Massa tiene una ambiciosa pretensión para la cual hasta se debería revisar la propia Constitución bonaerense. El líder del Frente Renovador condiciona el voto de sus diputados y senadores a las leyes pretendidas por Vidal a que la Provincia abandone su actual régimen electoral; y permita que las intendencias tengan la potestad de realizar las elecciones locales en fecha distinta a las del Gobernador y el Presidente.
Para buena parte de Cambiemos la petición es descabellada, pero la idea sería acompañada por el peronismo, y esa es una mala noticia para el oficialismo. Sobre todo si para conseguir el Presupuesto para el año electoral debe acceder a demasiado costo porque la Nación la obliga a meterse otra vez en el barro del cuestionado endeudamiento.
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