Luego de la presentación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un grupo de diputados de diversos partidos dieron a conocer una iniciativa antiabortista, promovida por la Red Federal de Familias.
Llamado "provida" por los firmantes, quince legisladores destacaron que su proyecto está basado en el concepto de que "el niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna".
Además, sostienen que si el embarazo es producto de una violación, la mujer podrá acceder durante toda la gestación a una asignación especial equivalente a un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep).
Por otra parte, entienden como violencia contra la mujer toda "interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto".
La iniciativa incluye la creación de un Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños por Nacer, integrado por organismos y entidades de la temática que, entre otras cosas, ponga en funcionamiento un centro de asistencia para la mujer gestante en cada hospital público.
El proyecto anti-aborto está firmado por los diputados Juan Brugge (Democracia Cristiana); Silvia Frana (Kirchnerista); Vanesa Massetani (Frente Renovador); Lucila Lehmann (Coalición Cívica), Stella Maris Huzcak (PRO) y Graciela Caselles (Bloquismo de San Juan).
También lo hicieron los legisladores del PRO David Schelereth, Jorge Enríquez, Carlos Roma y Karina Molina; Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social); Gustavo Bevilacqua y Carla Pitiot, del Frente Renovador; José Orellana, de Primero Tucumán y Graciela Navarro, del Frente Cívico santiagueño.
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