La ONG humanitaria Amnistía Internacional adelantó algunas conclusiones del informe anual que presentará en las próximas horas, en el que señala que en Argentina existe “una tendencia preocupante a la represión de la protesta social” por parte del Estado nacional, además de “ataques a la libertad de expresión” contra organizaciones y periodistas.
Entre los ítems analizados para el caso argentino, Amnistía recuerda que en 2017 se produjeron las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ocurridas en el contexto de reclamos sociales, en los cuales ocurrieron “detenciones arbitrarias”.
También destaca aspectos como la relación entre el Estado y las comunidades indígenas, los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel (muertos en represiones violentas), Agustín Santillán y Milagro Sala (presos políticos); el cercenamiento de derechos sexuales y reproductivos; la violencia contra las mujeres; la situación de inmigrantes y refugiados y las "medidas oficiales que pueden profundizar el encubrimiento en la causa del atentado a la AMIA de 1994".
Además, hace referencia a las “manifestaciones a lo largo del año (2017), que registraron picos de violencia inusitada. En la marcha de diciembre contra la reforma previsional hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente, según denunciaron algunos de sus familiares en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina”.
Otro hecho señalado es el de la concentración por el Día Internacional de la Mujer, hace casi un año, donde “varias personas denunciaron haber sido detenidas arbitrariamente y obligadas por las fuerzas de seguridad a desvestirse por completo”, comenta AI.
El informe menciona, además, las amenazas y campañas de desprestigio contra profesionales de la comunicación, quienes fueron “agredidos” en la Argentina mediante la propagación de fake news (noticias falsas) o trolls (cuentas falsas en las redes sociales).
“Hay una predisposición de líderes en diferentes partes del mundo a propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública. Esta práctica va unida a los ataques contra las instituciones que trabajan para promover derechos humanos o constitucionales y que, en oportunidades, son críticas con los gobiernos. Estados Unidos, Turquía, Filipinas, España y Argentina, entre varios otros, son ejemplo de ello”, remarca Amnistía.
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