La culpa es de Pisístrato. Sí, de ese tristemente famoso tirano griego del siglo VI antes de Cristo que, para proteger su poder y planes con el pueblo de Atenas, entregó la mayoría de los cargos políticos y públicos a sus familiares y amigos más cercanos.
Después vinieron otros, como Pompeyo y su suegro, Metelo Escipión, e incluso algunos emperadores de Oriente; pero allí, en Atenas -curiosamente cuna de la democracia- comenzó la historia del nepotismo en la humanidad. Al menos, como lo conocemos hoy.
Lo cierto es que, más allá de responsables, la obsesión por nombrar parientes en los cargos públicos se extiende hasta nuestros tiempos, impregnando de sospecha la acción de gobierno en todos los niveles de la administración.
Los casos abundan, sobran; desde hijos de ministros hasta la parentela casi completa de algunos jefes comunales, un nivel -el local- donde las formas parecen cuidarse menos.
En nuestro país, el débil régimen de incompatibilidades de la ley N° 25.188 (ley de Etica Pública) establece que los funcionarios y empleados públicos deben abstenerse de intervenir en todo asunto respecto del cual se encuentren comprendidos en alguna de las causas de excusación previstas en la ley procesal civil. Incluye, entre otras causales, el parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad: padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos, suegros, cuñados y nueras/yernos.
A pesar de los discursos grandilocuentes, no parece haber una firme decisión para acabar con esta práctica.
A nivel provincial, un proyecto del diputado de la Coalición Cívica (Cambiemos) Guillermo Castello perdió estado parlamentario. Sin embargo, el legislador “lilito” volverá a presentarlo este año. “Lo hice porque vi una nota en la revista La Tecla sobre un municipio”, confesó.
El proyecto de Castello expresa que los funcionarios públicos de todos los poderes de la provincia de Buenos Aires, así como los funcionarios de empresas del Estado provincial que contaren entre sus facultades funcionales con las de realizar nombramientos y contrataciones permanentes o provisorias en la administración pública provincial, tendrán prohibido ejercer dicha facultad en relación con: a) parientes propios en razón de la naturaleza (consanguíneos) en línea recta (ascendiente o descendiente) en cualquier grado y en línea colateral hasta el cuarto grado; b) su cónyuge; c) parientes por afinidad en igual medida y grado que respecto a familiares propios por consanguinidad; d) su pareja conviviente con la que mantuviera una unión convivencial; y e) parientes por consanguinidad de la pareja conviviente con quien mantuviera una unión convivencial en igual grado que en relación a los propios.
“La prohibición no se aplicará en los casos en los que mediaren procesos de selección competitivos y meritocráticos”, aclara. Otro proyecto fue presentado por el massista Lisandro Bonelli. De acuerdo al articulado, ningún político, cuando abandona la administración pública, puede dejar parientes en planta permanente o como contratados del Estado. Exceptúa las contrataciones transitorias o cargos políticos.
Contra estas intenciones, los políticos se escudan en que necesitan “gente de su confianza”, abriendo la puerta al nombramiento sin concurso, barriendo con el criterio de la meritocracia que se exige.
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