El Ejecutivo le pide a la Legislatura un cambio en la Ley Impositiva 2018

El artículo 102 y 106 de la Ley Impositiva 2018 serán nuevamente modificados si prospera el proyecto que el Ejecutivo planea mandar la próxima semana a la Legislatura, en un paquete de leyes que incluyen cambios en la Ley de Ministerios y eliminación de las jubilaciones de privilegio. A ellos, la propia Legislatura agregaría la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas de los diputados y senadores.

En lo referido a la Ley Impositiva, lo que pretende el gobierno es gravar con Ingresos Brutos a aquellas entidades o comercios que bajo el rótulo de cooperativas vendan productos a quienes no son socios. Por ejemplo, un caso muy común en el interior bonaerense es el de las cooperativas agrarias que tienen supermercado con venta al público en general.

Hasta ahora, todas las cooperativas están eximidas del pago de Ingresos Brutos, pero la idea del ministro Hernán Lacunza es gravar las actividades comerciales de las mismas, para ponerlas en un plano de igualdad con los comercios del mismo rubro que deben tributar Ingresos Brutos.

El proyecto establece que las cooperativas de servicios que tengan una actividad comercial que exceda a sus socios paguen Ingresos Brutos, mientras que seguirán eximidas las cooperativas de trabajo.

Junto con el Presupuesto 2018, la Legislatura aprobó la Ley Impositiva (ambas fueron promulgadas esta semana en el Boletín Oficial) sin la modificación propuesta por el Ejecutivo sobre el pago de Ingresos Brutos, respecto a la ley actual. Es que las autoridades parlamentarias prefirieron ceder al pedido de la oposición, de seguir exceptuando a todas las cooperativas, en pos de conseguir el consenso que le permitiera al Gobierno contar con el Presupuesto del año entrante.

Pero desde el primer día en el oficialismo reconocieron que tras el recambio legislativo, que favorece en número a Cambiemos,  insistirían en la aplicación de Ingresos Brutos para determinadas cooperativas o actividades que ellas desarrollan. Y el Ejecutivo no dilatará el envío de la modificación de una ley que recién ha salido del horno.

Detrás de la cuestión legislativa, hay un fuerte lobby empresarial, que tiene por un lado a las asociaciones que regentean estas cooperativas y los dueños de los supermercados. Quizá el punto más neurálgico de esta guerra sea la ciudad de Mar del Plata. Allí una reconocida cadena de supermercados, que tiene la sede en ese destino turístico, pide igualdad reglas de juego ante la instalación de otra cadena de autoservicios, que funciona bajo el rótulo de cooperativa y tiene su base en Bahía Blanca.

Ahora la palabra la volverán a tener los legisladores.