Los reclamos de pueblos originarios en la provincia de Buenos Aires suelen no tener trascendencia, pero adquieren un impacto significativo. De acuerdo a un relevamiento de Amnistía Internacional, con ayuda de otras organizaciones, son 21 los conflictos que existen en la jurisdicción, en su mayor parte por tenencia de tierras.
El estudio, que se actualiza de forma periódica, ofrece un dato llamativo: tre-ce de esos conflictos se ubican en el Conurbano bonaerense y tres en el Gran La Plata; el resto, en el interior provincial, en distritos como Azul, Olavarría y Junín.
“En la Provincia hay muchos conflictos urbanos con comunidades indígenas. No solamente tenemos las ‘tierras rurales’, sino también conflictos periurbanos de las ciudades, que están reclamado territorio y que necesitan de una respuesta del Estado”, afirmó a La Tecla Silvina Ramírez, integrante de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas (AADI).
Problemas de asentamiento, regularización dominial, insuficiencia de las tierras que ocupan, y el reclamo de un territorio propio para reunir a miembros dispersos aparecen entre los principales problemas dentro de la superficie bonaerense, que concentra casi el diez por ciento de los casos que existen a nivel país.
Amnistía llevó adelante el informe junto a la AADI, el Equipo Nacional de la Pastoral Aborigen (ENDEPA), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el Servicio de Paz y Justicia -coordinado por Adolfo Pérez Esquivel-, la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT).
Ramírez, que también integra este último organismo, explicó que el trabajo, aunque no es exhaustivo, tiene el objetivo de “demostrar que hay una dimensión cuantitativa relevante de conflictos”, que están pendientes de solución, más aún cuando las cuestiones legales se hallan en plena discusión.
La actualización del relevamiento se dio en medio del tratamiento de la prórroga de la ley 26.160, de Emergencia Territorial, que vence a fines de noviembre. El Senado de la Nación aprobó el miércoles 27 de septiembre la iniciativa, que pasó a Diputados para su sanción.
La propuesta, que ganó relevancia a partir de la desaparición de Santiago Maldonado, establece la prohibición de desalojos en todo el país, y a la vez implementa un relevamiento técnico-jurídico catastral para mensurar los territorios de las comunidades originarias. Esto estaba previsto en el texto de la ley, sancionada en 2006, pero nunca se aplicó en su totalidad.
En la Provincia
El gobierno bonaerense no cuenta aún con datos sistematizados sobre los conflictos con comunidades originarias. Desde el Consejo de Participación Indí-gena (CPAI), que depende de la Secreta-ría de Derechos Humanos, señalaron a La Tecla que se va a tramitar una reunión con Amnistía para analizar el documento.
La nueva gestión, a cargo de Mishkila Rojas, relevó en territorio bonaerense más de 80 “realidades comunitarias”, término propio con el que se designa a las diferentes formas de organización, que en ciertos casos pueden no encuadrar como una comunidad. Las culturas más presentes son la tehuelche-mapuche, qom, kolla y guaraní.
Desde la Provincia enfatizan que de la gestión anterior se heredaron sólo problemas: papeles desordenados y trámites incompletos. La colaboración en el relevamiento nacional y la solución de tierras, es el principal desafío.
Relevamiento mapuche, principal deuda
El relevamiento del pueblo mapuche es el principal incumplimiento de la ley 26.160 en
la Provincia. La tarea llevada adelante por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se realizó de manera dispar. En 2014 se firmó un convenio con la Universidad Nacional del Sur (UNS), con asiento en Bahía Blanca, para relevar 28 comunidades, pero se avanzó con una sola a enero de 2016, según pudo saber La Tecla.
Se estudia cómo avanzar.
Freno a los desalojos y puerta abierta a los títulos comunitarios
El Senado de la Nación aprobó el miércoles 27 de septiembre la prórroga a la ley 26.160, de emergencia territorial indígena en todo el país, cuyo plazo vence el 23 de noviembre. Sancionada en 2006, la norma tuvo un cumplimiento dispar en gran parte del país. Se establece la suspensión de los desalojos que ocupan las actuales comunidades y su inmediato relevamiento.
La normativa no señala textualmente que se otorgarán los títulos comunitarios, pero es el próximo desafío. “Hay que discutir una ley de propiedad comunitaria indígena, que pueda dar un piso para todo el país y se pueda iniciar la discusión en cada una de las jurisdicciones provinciales”, dijo Silvina Ramírez, de AADI, a La Tecla. |
