A diez días de vencer el plazo, sólo una funcionaria de primera línea declaró su patrimonio

A diez días de vencer el plazo, sólo una funcionaria de primera línea del Gabinete de María Eugenia Vidal declaró su patrimonio.

Se trata de María Fernanda Inza, secretaria Legal y Técnica, quien asumió en lugar de Julio Conte Grand cuando éste fue nombrado Procurador General de la Provincia. Es la única funcionaria de rango máximo en su área en cumplir con el requisito obligatorio.

Cabe destacar que el próximo 31 de agosto vencerá el plazo para la presentación de la Declaración Jurada patrimonial. Si bien se suele otorgar una prórroga para quienes se hayan “olvidado”, lo cierto es que para esa fecha quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el Gobierno deberían presentarla para entonces.

En rigor, según se desprende de la DDJJ de Inza, posee tres bienes inmuebles: dos en la Ciudad de Buenos Aires y uno en la localidad de Necochea.

El primero de ellos le pertenece en su totalidad y está valuado en 266.450 pesos; del segundo, valuado en 35.182 pesos, sólo posee el 50 por ciento de su titularidad; mientras que del tercero, adquirido por herencia, posee el 25 por ciento y, siempre de acuerdo a lo declarado, vale 51,75 pesos.

Asimismo, Inza declaró un automóvil cuatro puertas de 108 mil pesos, 60 mil dólares en efectivo y 95.457 pesos depositados en cajas de ahorro y cuentas especiales.

En cuanto a sus ingresos, aseguró trabajar en relación de dependencia con la provincia de Buenos Aires por una remuneración mensual de 75 mil pesos; ser docente con un sueldo de seis mil pesos y percibir honorarios por 15 mil mensuales.

Cabe destacar que la presentación de las Declaraciones Juradas es obligatoria desde el cambio de Gobierno y, recientemente, se designó a la Oficina de Anticorrupción en la materia.

A través de un nuevo sistema electrónico, la dependencia podrá detectar posibles enriquecimientos ilícitos, conflictos de intereses e incompatibilidades en los funcionarios públicos.

Todas estarán online y podrán ser consultadas de manera pública, lo que permite el control del ciudadano y la transparencia.