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Viernes, 26 abril 2024
JUSTICIA
20 de mayo de 2017

Allanaron el municipio de Pringles por una causa de facturas truchas

Es una causa federal por evasión de 1.500 millones de pesos en impuestos durante 2015 . La semana pasada habían inspeccionado oficinas del gobierno bonaerense.

Allanaron el municipio de Pringles por una causa de facturas truchas - La Tecla

La justicia federal de Quilmes dispuso ayer un allanamiento en el municipio de Coronel Pringles en busca de documentación vinculada con una causa en la que se investiga una estafa millonaria durante 2015 mediante la emisión de facturas apócrifas.

El operativo fue confirmado por el Jefe de Gabinete del municipio, Darío Christensen, quien contó al sitio web local El Orden que “se hizo el allanamiento dentro del municipio, por una denuncia de la AFIP en un Juzgado Federal de Quilmes”.

El funcionario dijo que personal de Prefectura busco documentación relacionada con el caso que involucra a un estudio contable desde donde se crearon unas 120 empresas que emitieron facturas apócrifas a empresas y gobiernos locales y provinciales, entre ellas a la comuna de Coronel Pringles.

En el marco de la causa, la semana pasada se realizaron varios allanamientos en dependencias del gobierno bonaerense, entre ellas la sede central de la Dirección General de Cultura y Educación, ubicada en avenida 13 entre 56 y 57 de La Plata y oficinas del Ministerio de la Producción.

La causa, por la que ayer se realizaron allanamientos en Coronel Pringles, La Plata, Capital Federal y en otras provincias, la lleva adelante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien investiga la presunta existencia de una organización que evadió impuestos por más de 1.500 millones durante 2015.

La denuncia involucra al estudio contable porteño “Guidoccio y Asociados”, de donde presuntamente se registraron más de 30 proveedores de facturas electrónicas, quienes las emitían sin tener capacidad económica ni estructura administrativa para realizar ese tipo de operaciones comerciales.

Para la denuncia, presentada por AFIP, el estudio habría montado esta estructura para evadir y mover fondos de origen ilícito sin dejar rastro de los verdaderos dueños y destinatarios de los fondos, aunque ahora la justicia busca determinar quiénes fueron los titulares de las facturas apócrifas.

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