La crisis pegó para todos. Extra e intramuros. Urgido por costosas demandas coyunturales para sostener el sistema y los problemas económicos que nunca se fueron, el gobierno de María Eugenia Vidal se vio obligado en los últimos meses a cambiar el rumbo en una de las patas de la política penitenciaria: la reducción de la sobrepoblación carcelaria.
El “Plan A”, de hace dos años, que incluía un ambicioso proyecto de una década, con emprendimientos de megaconstrucciones de unidades penitenciarias y otras medidas, no pudo avanzar.
“La idea original tuvo que ser modificada, tuvimos que hacer un cambio de dirección debido a la situación económica”, reconoce ante La Tecla el subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan José Baric. Para el funcionario, el “escenario crítico” con el que se encontraron cuando asumieron terminó por consumir los recursos que iban a destinar a la construcción de tres cárceles modelos en las localidades de Sevigné (Dolores), Agote (Mercedes) y una tercera que se debatía entre los distritos de Magdalena y Olavarría.
“Había abandono de lo más variado”, agrega el subsecretario. Por caso, en la Unidad N° 35 de Magdalena se cayó el muro principal del penal, y en Sierra Chica, los desechos cloacales iban a un descampado, que luego desbordó y terminó con los desperdicios sobre la ruta.
Surgió entonces el “Plan B”: un compilado de acciones a corto y mediano plazo para reducir la sobrepoblación carcelaria. Entre las medidas se encuentran la expulsión del país
de presos extranjeros y el traslado de varios miles de reclusos al sistema federal.
Al proyecto se le suma una medida de la que nadie se hace cargo, pero que podría terminar con unos 1.500 presos por delitos menores en su casa, por morigeración de pena.
El combo promete reducir a mucho menos de la mitad el exceso de detenidos que tienen hoy las cárceles de la Provincia. En números, en los 56 establecimientos de detención bonaerense hay lugar para 28 mil personas, pero están alojadas 41.267. Más de 13.200 por sobre el nivel. Un 32% de sobrepoblación.
El “Plan B”
-Extrañamiento de extranjeros: La intención es devolver a sus países natales a los 2.087 extranjeros detenidos en el Servicio Penitenciario Bona-erense. La medida está contemplada en la ley de Migraciones del país. Del total de los detenidos, 1.087 son de nacionalidad paraguaya; 372, peruana; y 187, boliviana.
-Mudarlos al Federal: El plan incluye el traspaso de 3.000 de los 4.300 presos que están alojados en cárceles bonaerenses por delitos federales, de narcomenudeo. La medida, acordada entre los ministerios de Justicia de ambas jurisdicciones, incluye el en-vío de 500 presos en 2018, 1.000 en 2019 y los restantes 1.500 en 2020.
-Nuevas plazas: Se planean crear 430 espacios mediante una ampliación de la cárcel de Lomas de Zamora, obra ejecutada al 81%. Otras 640 plazas en la cárcel de Cam-pana, que será inaugurada en los próximos me-ses. Unidad para presos de 18 a 21 años. Las dos obras tienen ayuda fi-nanciera de Nación. A esas se le agrega el proyecto, tal vez el más ambicioso en tiempo de crisis, de construir una nueva cárcel para 1.500 reclusos. El lugar: un distrito cerca de La Plata, a definir.
Con el “Plan B” ejecutado se estarían reduciendo unos 7.657 cupos de los 13.267 de la sobrepoblación actual. “Pensamos llegar a ese número”, promete Baric, pero devuelve la pelota al otro lado de la red. “Dependemos del Poder Judicial, y que los jueces vayan resolviendo al respecto”, dice. Es que para que se concreten los denominados "extrañamientos” de extranjeros y el pase a penales federales hace falta que la justicia dé el visto bueno.
Pero al “Plan B” se le suma una opción que sembró polémica en las últimas horas y de la que el gobierno se desentiende. Se trata de otorgar 1.427 prisiones domiciliarias monitoreadas a detenidos con penas menores. En el Ejecutivo no se hacen cargo de la medida y recuerdan que todo nació por iniciativa de la Justicia Correccional de La Plata, que creó un comité de crisis para desarrollar un plan que permita descender los niveles de sobrepoblación y que desde el gobierno se “limitaron” a informar la cantidad de presos que estarían en condiciones de acceder al beneficio.
El nuevo método del gobierno para bajar la sobrepoblación deberá sortear la mirada de los organismos defensores de los derechos humanos y de las condiciones de detención, quienes si bien avalaron el pase a régimen monitoreado de presos con penas menores, advierten que “es insuficiente para resolver la crisis de hacinamiento y sobrepoblación que atraviesa el sistema de encierro penal provincial”. |
