El Senado sancionó por unanimidad la reforma del fuero laboral, una iniciativa con la que se busca a garantizar juicios más rápidos y menos costosos para el Estado, ya que las causas estarán a cargo de un juez y no de tres, como hasta ahora.
Desde el inicio del proyecto se le realizaron más de 60 modificaciones al proyecto. Y la postura de rechazo original al proyecto por parte de la oposición se modificó a partir de que el oficialismo accedió a las propuestas opositoras.
“Acompañamos porque se ha escuchado a los sectores interesados”, planteó la senadora Teresa García, titular del bloque de Unidad Ciudadana.
Por el oficialismo, quienes defendieron fueron los senadores Juan Pablo Allan y Gabino Tapia, además del titular del bloque, Roberto Costa.
"Los bloques de la oposición fueron permeables al debate, al intercambio de idas", añadió, por su parte, Costa.
Crónica del conflicto
La Suprema Corte de Justicia había planteado severas críticas al proyecto original de modificación del Fuero Laboral. Mediante una resolución, los supremos bonaerenses consignaron que la propuesta implicaría $971 millones en personal y más de $37 millones en alquileres por año.
“Toda innovación del diagrama orgánico de la administración de justicia debe ser pensada de modo integral, valorando las instalaciones disponibles, los cargos presupuestarios y demás cuestiones esenciales indispensables para garantizar la eficacia del servicio”, argumentó la Corte.
La oposición había salido al cruce de la iniciativa original y al oficialismo se le había hecho necesario acordar, ante las observaciones de los bloques de PJ-Unidad y Reniovación, Unidad Ciudadana, entre otros.
“Es inconstitucional esa reforma, busca generar una segunda instancia, que no tiene nada que ver con lo que plantea la Constitución provincial, en el fuero laboral”, habían explicado entonces desde el bloque de senadores de Unidad Ciudadana a La Tecla. En definitiva, el kirchnerismo bonaerense apunta a que la transitoriedad de la normativa y su tratamiento en cámara de apelaciones civiles “va en contra de la especialidad del fuero laboral, que es una consagración constitucional y de los derechos de los trabajadores”.
En ese sentido explicaron que, justamente por la Carta Magna, los empleados “tienen una protección especial por su debilidad ante los empleadores. Con la reforma, toda esa transitoriedad va a jueces no especializados y no respeta la Constitución”.
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