El juez federal Claudio Bonadio procesó a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa de los cuadernos en la que se investiga presuntos sobornos y desvío de fondos públicos que comprometen a exfuncionarios y empresarios.
El magistrado la acusó de liderar una asociación ilícita. Los procesamientos incluyen al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a sus secretarios, Roberto Baratta, y José López, además de otros funcionarios del gobierno nacional y a varios empresarios que quedaron involucrados en las denuncias, aunque varios aceptaron ser colaboradores.
Según Bonadio, se conformó "una organización delictiva" integrada "por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015".
De acuerdo al magistrado, la banda "paraestatal" buscaba "procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, consignó, según publicó Clarín.
El fiscal Stornelli extendió el período en el que se habrían producido los pagos ilegales desde 2003 hasta 2015, los doce años en los que el kirchnerismo estuvo en el poder. Según lo recabado en la causa, los retornos se dieron en el sector energético, la obra pública civil y el transporte. En el expediente, ya hay más de 50 imputados.
Bonadio, de acuerdo a los dichos de Oscar Centeno en sus cuadernos y a los testimonios de empresarios arrepentidos, detalló el mecanismo de las operaciones, que tiene a Cristina Kirchner al frente del esquema denunciado.
"Previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, [los recaudadores] procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (secretario privado de la Presidencia de la Nación)", ahondó.
Y en esa línea, sostuvo que la tarea de los funcionarios era "derivar -el dinero- a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".
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