El alza en la cotización del dólar llevó el precio de la harina a niveles altísimos, con el consecuente traslado a los precios de un elemento vital para la alimentación de los argentinos como lo es el pan.
Esta situación ha hecho que algunos intendentes bonaerenses decidiesen subsidiarlo, para que las panaderías puedan comercializar el pan por debajo del precio del mercado. Entre ellos se inscriben los jefes comunales de Hurlingham, el peronista Juan Zabaleta y el de Mar del Plata, el macrista Carlos Arroyo.
Sin embargo, desde el Congreso, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Carlos Castagneto, presentó un proyecto de ley para declarar a este alimento como un bien social, proponiendo “garantizar en todo el territorio de la República Argentina la adquisición del pan social o común con un precio federal accesible y de calidad” y establece que las personas físicas o jurídicas que elaboren y expendan o distribuyan el pan social tendrán el régimen especial tarifario previsto en la Ley Nº 27218".
En su iniciativa, el legislador oriundo de La Plata asegura que "está demostrado que el pan en muchas sociedades han ayudado a combatir la pobreza y, como sabemos, alimentarse es un derecho básico de todo ser humano. Debido a todas sus propiedades nutritivas, el pan es un ‘ingrediente’ inamovible de la base de la pirámide nutricional, ya que constituye también la base de la alimentación, cosa que, por otro lado, ha sucedido a lo largo de la evolución de la especie humana en la mayoría de las culturas”.
Carlos Castagneto.
“En esta situación tan difícil, con el compromiso que tenemos como sociedad, y con el que me cabe como representante del pueblo de mi provincia de Buenos Aires, debemos garantizar el derecho de la libre accesibilidad al Pan como bien social, pues es el alimento símbolo que se comparte en familia”, expresó el diputado de Unidad Ciudadana.
La iniciativa se suma a otras similares, como la que lanzó tiempo atrás la Mesa por la Economía Social y Popular (MESyP), que nuclea a varios sectores políticos y cuenta con el apoyo de sindicatos como la Corriente Federal de la CGT y la CTA de los trabajadores y de distintos sectores de la Iglesia, como el obispado de Merlo y Moreno.
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