No quieren dejar ni un rastro

A mediados del siglo XIX, don Juan Manuel de Rosas, gobernador bonaerense y hombre fuerte de la Confederación, fue señalado -para bien y para mal- por su manera personalista de gobernar. Igual suerte corrieron figuras de la política nacional, como Hipólito Yrigoyen, que vio resquebrajarse a la UCR con la figura antagónica de Marcelo T. de Alvear, o el mismísimo Juan Domingo Perón, tres veces Presidente de nuestro país.

En los últimos días, los avatares de la dinámica política y judicial volvieron a poner sobre la mesa una práctica que sectores de la sociedad recriminan al kirchnerismo: designar con el nombre de su líder, Néstor Kirchner, a hospitales, rutas, calles o facultades universitarias. “Es un culto al personalismo”, aseguran.

Luego de estallar la causa por las presuntas coimas en la obra pública (cuadernos Gloria mediante), en municipios de la provincia de Buenos Aires, junto con otros de la geografía nacional, se oyen tambores de guerra.

Reclaman que sea quitado, borrado de la faz de la tierra, el apellido del expresidente de bienes públicos. En algunos casos, fogoneado por concejales o legisladores de Cambiemos, y en otros, por grupos de vecinos que, sin condena, ya sentenciaron que “fue un corrupto”.

No hace mucho, un decreto del Gobierno nacional borró los nombres de Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (exgobernadores santacruceños) de dos represas y los cambió por La Barrancosa y Cóndor Cliff.

La investigación del tándem Stornelli-Bonadío disparó algunas solicitudes a nivel nacional, como la de la diputada “lilita” Lucila Lehmann, para modificar la denominación del Centro Cultural Kirchner (CCK), o la impulsada por el edil rosarino de Cambiemos Carlos Cardozo, para retirar un busto del expresidente en las Cuatro Plazas de la ciudad santafesina.

La provincia de Buenos Aires no fue ajena a la oleada que va creciendo, generando dudas respecto del procedimiento legal para realizar cualquier cambio de nombres. Orlando Pulvirenti, experto en Derecho Administrativo y con paso por la función pública, afirmó a La Tecla que “debe hacerse sí o sí a través de los concejos deliberantes. Todo lo referido a denominación de monumentos, avenidas, les corresponde; tanto para ponérselo como para el caso de quitárselo. Salvo que tengan una reglamentación especial, les alcanza con una mayoría simple”.

Pulvirenti aclaró que, en el caso de que sea una iniciativa de un grupo de vecinos, “se necesita que un concejal tome el expediente y lo transforme en proyecto de ordenanza. Si no, es una petición individual y el Concejo lo trata si quiere”.

Por otra parte afirmó que “no está regulado a nivel local un sistema para impulsar iniciativas de tipo popular o vecinal, al estilo del plebiscito o el referéndum, al menos en la provincia de Buenos Aires, porque la Ley Orgánica de las Municipalidades no lo contempla”.

En cuanto a las atribuciones jurisdiccionales, “la Provincia no puede imponerle a un municipio un nombre”, aclaró, y añadió que “es facultad de cada municipio ponerles a las calles números, nombres de pajaritos, Perón, Balbín o Néstor Kirchner”.

Así, calles, plazas, bustos, facultades, rotondas, centros comunales, avenidas o escuelas corren el riesgo de transformarse en cuanto a su denominación.

Incluso en Latinoamérica repercutió la causa de los cuadernos: con 72 votos positivos, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la remoción del monumento a Néstor Kirchner situado en la sede de la UNASUR, tras un proyecto del legislador Byron Suquilanda, del partido liberal CREO.