El oficialismo busca acortar las vacaciones de los concejales

Tal como anticipó La Tecla en su edición impresa, el oficialismo avanza en una serie de reformas que incluye la Ley Orgánica de Municipalidades para que, entre otras cosas, los Concejos Deliberantes de la Provincia inicien su actividad el 1° de marzo y no en abril, como lo hacen actualmente.

El proyecto en cuestión, cuya autoría pertenece a Walter Lanaro, fue aprobado este jueves durante la última sesión del senado bonaerense.

“Buscamos alinear el calendario de los Concejos con el de la Legislatura para que comience el periodo el 1 de marzo de cada año, extendiendo un mes la actividad. Creemos que los concejales son el primer contacto con el vecino y apostamos por Concejos activos, presentes y trabajando a la par del Poder Ejecutivo y el Legislativo provincial”, explicó tras recibir la sanción de la Cámara alta.

“El cambio en la forma de hacer política que estamos llevando adelante tiene que ver con estar cerca de los vecinos para llevar soluciones y en ese camino los Concejos son una gran herramienta de transformación”, agregó.

En Cambiemos, si bien reconocen que existen las sesiones extraordinarias, la meta es que el inicio sea a la par de la Provincia para, al menos, generar un mes más de sesiones y así acortar el descanso de los ediles.

“Los vecinos se enojan cuando se dan cuenta que están cuatro meses de vacaciones, tiene que ver con la ética”, explicaron a La Tecla desde la Cámara Baja bonaerense, y aseguran que el sistema actual no se condice con los parámetros que la sociedad reclama.

En la misma sintonía en la que se pondrá la mirada sobre los Concejos Deliberantes de cada comuna, los intendentes también recibirán un plus. Es que, una de las variables, en línea con la reforma que se realizó en Córdoba, tiene que ver con imponer la figura del viceintendente. El objetivo es ayudar a los alcaldes en la gestión diaria y, de esa manera, tener mejores manejos.

Además, en contrapartida para los jefes comunales, también se les pondrá un tope. Es decir, por un lado le otorgarían un beneficio, pero por el otro, no.

Es que, en línea con la ética con la que se busca desembarcar en las comunas, los intendentes no podrán tener familiares de primer, segundo y tercer grados que sean concejales en sus mismos pagos. 

El costo político de dicho punto puede ser alto, y por eso se trabaja detalladamente. La idea es que no tenga ninguna modificación, pero está atada a la negociación con los diferentes sectores.