La relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo comienza a tensionarse luego de que los miembros de la Suprema Corte bonaerense publicaran una acordada en la que transmiten al gobierno de María Eugenia Vidal “la preocupación por una situación salarial que desconoce la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados”.
En la misiva, el máximo tribunal de la Provincia pone de manifiesto la necesidad de equiparar sus salarios con los percibidos por los jueces de la Nación. “Se ha configurado una brecha relevante entre ambos que, en promedio, para todas las categorías, es mayor al 40% y que, en el caso de los jueces, supera con holgura ese porcentaje”, expresaron.
Asimismo, la acordada -que lleva la firma de los jueces Eduardo Pettigiani, Eduardo De Lazzari, Héctor Negri, Daniel Soria, Luis Genoud e Hilda Kogan, y que va “en coordinación con la Procuración General”, a cargo del ex secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand- pone de manifiesto la necesidad de cerrar el acuerdo paritario con los trabajadores del sector, que aún no han llegado a un acuerdo con el Gobierno, tal como sucede con los docentes y médicos bonaerenses.
“El adelanto salarial dispuesto hasta ahora para el Poder Judicial de la Provincia ha sido del 3% a partir de enero y llega sólo al 7% a partir de marzo, pese a que la inflación correspondiente al primer semestre del año ha de ser del doble de este guarismo”, expusieron los magistrados.
Y añadieron: “La Suprema Corte es consciente de las dificultades que afrontan las finanzas de la Provincia y tiene en cuenta que, pese a lo avanzado del año, las negociaciones paritarias del sector de los agentes judiciales no han concluido. Pero, sin embargo, estima necesario poner de relieve, como principio general, que una política salarial adecuada no puede desvincularse, ni ignorar las previsiones o los efectos, de la inflación, que, como es de público y notorio, este año ha de ser mayor a la pauta inicial retributiva del 15%”.
Casualmente, horas después de conocerse la acordada, fue publicado en el Boletín Oficial de este jueves, un decreto de la Gobernadora en la que rechaza los reclamos salariales presentados por un grupo de magistrados de la Provincia, que va en consonancia con los expuestos por la Suprema Corte.
Si bien el mencionado reclamo data del 13 de julio de 2016, la respuesta del Ejecutivo bonaerense fue publicada, llamativamente, casi dos años después justo cuando el máximo tribunal hace manifiesta su necesidad financiera.
Entre los argumentos para rechazar el reclamo de los jueces, Vidal asegura que la “intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados” no consagra un privilegio ni un beneficio exclusivo de carácter personal o patrimonial de los magistrados, “sino el resguardo del equilibrio tripartito de los poderes del Estado”.
“Los jueces deben ser solidarios con el resto de la población” y “la intangibilidad no puede ser interpretada de modo absoluto, de manera que termine consagrando un privilegio a su favor”, añaden en el decreto que también lleva la firma del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y el jefe de Gabinete, Federico Salvai.
En esta línea, la Provincia recordó que desde el año 2006, los acuerdos salariales han encontrado consenso, en el marco de la celebración de mesas de diálogo, a pesar de “no existir aún una ley de paritarias para quienes pertenecen al Poder Judicial Provincial”.
Por tanto, “los distintos decretos que fijan las pautas salariales para los magistrados del poder judicial provincial, dictados en el marco de la competencia constitucionalmente asignada al Poder Ejecutivo Provincial, respetan las directrices que fija la jurisprudencia citada, razón por la cual el reclamo deviene improcedente”, concluye el decreto.
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