La situación del intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, va pasando de castaño a oscuro, luego de que la oposición lo denunciase en la Justicia por irregularidades en su gestión.
Luego de que el Frente para la Victoria-Unidad realizase una presentación ante el Tribunal de Cuentas por supuestas anormalidades en la rendición de cuentas del ejercicio 2017 del jefe comunal de Cambiemos, otros sectores del peronismo local lo denunciaron por “falsedad ideológica de instrumentos públicos; malversación agravada; peculado; dádivas; encubrimiento, otros y subsidiarios”.
La presentación fue radicada por la exconcejala Cecilia Vázquez, pareja del también exedil e hijo del exdiputado Daniel Monfasani, Matías, todos enrolados en el massismo sanpedrino.
La causa, que deberá ser investigada por la fiscal Viviana Ramos, involucra también a los funcionarios Silvio Corti, Mario Sánchez Negrete, Gustavo Liloff, Jonathan Galván e Iván Paz, con acusaciones que van desde el desvío de dinero púbico la campaña electoral del oficialismo hasta la malversación de fondos.
El texto de la denunica penal señala que se observa un “complejo itinerario criminal de acción pública, consistente en plausibles delitos contra la administración y la fe pública”, cometidos en 2017 durante la campaña electoral en la que Salazar fue revalidado con el 62% de los votos, una lista que encabezó uno de los señalados y cabeza de la nómina, el presidente del bloque Iván Paz.
De acuerdo con La Opinión, el gobierno habría promovido una “ajustada red de complicidad y encubrimiento, para poder pagar la campaña electoral”, disponiendo para ello “adecuados incentivos económicos para los adherentes, encubridores, familiares, amigos, novias, novios, amantes, becarios, lamedores, aplaudidores y alcahuetes en general”.
Los denunciantes aseguran en el texto que “prácticamente no existe en la ciudad de San Pedro ningún funcionario, sea este concejal, consejero, director, secretario o cualquier otro empleado público de esta u otra repartición que no haya logrado introducir, a sueldo de la administración pública que algún allegado, a todos se les ha pagado de una u otra forma”.
La denuncia añade que se habrían “otorgado todo tipo de actos falsos, acudido a sistemas de pagos, reintegros, o transferencias palmariamente ilícitos”, como “erogaciones que no resultan consecuencia de ninguna reglamentación que las profetice previamente”.
Finalmente, expresan que “se han pagado de la administración municipal, hasta las viandas de los fiscales partidarios durante las PASO 2017 y las elecciones generales de octubre del mismo año. No existió reunión política partidaria o de gestión que no estuviese ‘amenizada’ con delicadezas gastronómicas y algunos funcionarios parece que han gastado viáticos por $ 1.500 diarios durante todos los días hábiles del año 2017”.
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