La resolución emitida por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), que restringe el cobro de las distribuidoras de conceptos ajenos a la prestación del servicio de energía eléctrica, no solo generó la inconformidad de los intendentes de la oposición, sino también de algunos jefes comunales de Cambiemos.
Algunos critican por lo bajo y otros, en tanto, lo hacen de manera pública, como lo ha dejado saber el municipio de Tandil, comandado por el radical Miguel Ángel Lunghi.
El alcalde tandilense dio instrucciones para que la Secretaría Legal y Técnica municipal analice la normativa, para que estudie la repercusión en el presupuesto de tal medida, que afectará el cobro de cargos a través de la boleta de La Usina.
En el caso particular de Tandil, la empresa de energía incluye varios conceptos vinculados a tres ordenanzas que suman tributos a los consumos, según El Eco de esa ciudad.
Miguel A. Lunghi
Por caso, la ordenanza 5.791 le otorga la concesión para la prestación del servicio de alumbrado público; otra, la 2.505, apunta a inversiones en materia de iluminación, costos para el funcionamiento del relleno sanitario y obras específicas, mientas que la 9.495 se refiere al Fondo de Ayuda Solidaria (FAS), que contempla la creación de un fondo especial para atender patologías que impliquen "prácticas de alta complejidad que no puedan derivarse a un efector público dentro del país".
Ante este panorama, el municipio solicitó extender por el plazo de 30 días el plazo estipulado para la aplicación de la nueva normativa, generando un espacio de transición y de estudio del panorama que abre la disposición.
Además, analiza incorporar esos ítems en otra tasa municipal, con el objetivo de no desfinanciar el sistema, ante la resolución 167/18 que resolvió que las facturas a usuarios “solo deberán contener conceptos tarifarios vinculados a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica”.
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