La Coalición Cívica respalda a Elisa Carrió contra Lorenzetti: ¿Crisis terminal en Cambiemos?

Dicen que la política, además de discursos y negociaciones, también es un arte de los gestos, que tienen cada vez más peso en una sociedad que profundiza el valor de la imagen.

El Gobierno de Mauricio Macri trata de despegarse de las acusaciones de Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema a través de una foto del ministro de Justicia, Germán Garavano y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, con integrantes del máximo órgano de Justicia, además del encuentro amistoso y con "buena onda" de la gobernadora María Eugenia Vidal con el propio Ricardo Lorenzetti en la cena anual de Cipecc.

Allí, Peña compartió la mesa con el titular de la Corte, a quien Lilita aseguró que pedirá juicio político, señalándolo como el creador de un servicio de inteligencia paralelo y de "presiones indebidas a otros poderes del Estado y por ser un actor decisivo en intentos de desestabilización institucional en la República Argentina".



"Es una decisión de la diputada", explicó Garavano, señalando que el pedido de Carrió está "en el ámbito de su competencia" y que "será el Congreso el que deberá analizar esas cuestiones".

"De modos formas, el Gobierno seguirá manteniendo la relación institucional que corresponde con el Poder Judicial", añadió, marcando una línea que el Gobierno no está dispuesto a cruzar.



Mientras el radicalismo mantiene, por ahora, un profundo silencio, desde la Coalición Cívica que conduce la bonaerense Maricel Etchecoin, respaldaron a su líder a través de un comunicado, señalando: "Acompañamos la ampliación del pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti".

"El 4 de abril de 2017, Elisa Carrió y el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentaron un pedido de juicio político a Lorenzetti y actualmente ampliaron las causales de juicio político en relación a presiones indebidas ejercidas por parte del Presidente de la Corte a otros poderes del Estado, por ser un actor decisivo en intentos de desestabilización institucional en la República Argentina, actos que están sancionados por el artículo 36 de la Constitución Nacional y que se encuentran en flagrante violación a garantías constitucionales, mediante la creación de una inteligencia paralela encargada de extorsionar a otros poderes del Estado conforme a los intereses personales de Lorenzetti", agregan.