A 46 días de las elecciones generales, la posibilidad de que pueda haber un debate de candidatos a vicepresidentes parece remota. A cuestiones estrictamente económicas, se le suma la voluntad política y aún con eso, los plazos de organización son muy complejos.
La Cámara Nacional Electoral, el organismo que está a cargo de los debates presidenciales en octubre, ni siquiera tiene los recursos económicos para llevarlo adelante. Así lo confirmaron fuentes del organismo a La Tecla.info
El aspecto económico no es un tema menor. La organización tiene un presupuesto de 24 millones de pesos para los debates presidenciales que se llevarán adelante el 13 de octubre, en la Universidad Nacional del Litoral, y el 20 de octubre, en la Universidad de Buenos Aires.
Por indicación de la Cámara, los fondos fueron transferidos a Radio y Televisión Argentina (RTA SE) para garantizar independencia en la “producción técnica”.
Sin embargo, la partida transferida por el Ministerio del Interior -cartera que tiene a su cargo la DINE- solo abarca la realización de los debates y no comprende los eventuales traslados y alojamiento de los candidatos y las candidatas y, en su caso, de sus equipos de campaña.
Cada agrupación deberá hacerse cargo de esos gastos. Con ese dato como referencia, el dinero, más en un período de crisis económica, las chances son escasas.
Si el dinero estuviera, falta todavía lo más importante: la voluntad política. El debate de los candidatos a vicepresidente no es obligatorio y no tiene un marco de regulación específico.
En cambio, el debate presidencial está establecido en la ley 27.337 que introduce modificaciones al Código Nacional Electoral.
¿Qué se dice sobre el debate de vices? El artículo 8 es el que se refiere a ese posibilidad de manera suscinta. “La Cámara Nacional Electoral pondrá a disposición mecanismos de coordinación y similares a los establecidos en los artículos anteriores en caso de que exista voluntad de realización de un debate electoral entre los candidatos a vicepresidentes de las diversas fórmulas presidenciales”, se sostiene en la ley.
Sin la obligación de por medio, los seis candidatos a vicepresidentes son los que tienen que acercar su conformidad de participar en un eventual debates de vices ante la Cámara Nacional Electoral. Tienen que estar los seis de acuerdo.
Hasta ahora, solo enviaron su consentimiento Luis Rosales, compañero de fórmula de José Luis Espert en el Frente Despertar, y el senador Miguel Ángel Pichetto, integrante de la fórmula de Juntos por el Cambio. Aún no se expresaron Cynthia Hotton (Frente Nos), Romina del Plá (Frente de Izquierda), Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal) y Cristina Kirchner (Frente de Todos), ahora en Cuba por problemas de salud de su hija.
Si tanto los recursos económicos y la voluntad política estuviera resuelta, los plazos de organización conspirarían para un evento exitoso. La Cámara Nacional Electoral había dado ya los primeros pasos en marzo para la organización del debate. Entonces convocó a las organizaciones Cippec, Poder Ciudadano, el CELS, ADEPA, Fopea, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y a Argentina Debate para conformar un Consejo Asesor.
En tanto, en junio comenzaron los primeros preparativos en torno a la definición de los lugares y en julio llegó la confirmación oficial con la elección de las ciudades de Santa Fe y Buenos Aires como sedes de los dos debates estipulados entre las PASO y las elecciones generales.
La organización no estuvo exenta de polémica. La Cámara Nacional Electoral (CNE) encendió el 25 de abril una alarma, al revelar que el gobierno nacional de Mauricio Macri no había girado para entonces las partidas necesarias para llevar adelante las primarias de agosto y las generales de octubre. En ese documento, también, le solicitó la transferencia de “las partidas presupuestarias necesarias para la celebración del debate presidencial obligatorio, de acuerdo a la estimación presupuestaria informada.
Con todo, el tiempo, los recursos y hasta la voluntad política impiden que pueda haber un debate presidencial de vicepresidentes. Y, en particular, que se concrete la pretensión oficialista de que Cristina Kirchner esté en un debate público. Incluso, pese a la presentación de dos proyectos de ley: uno de Fernando Iglesias y el otro de Silvia Elías Pérez.
Lucas Romero: “Exponer a Cristina es una posición favorable para el Gobierno”
Lucas Romero, director de Synopsis, planteó que los debates son "necesarios", más allá de que sea una instancia concreta de discusión, de puesta en escena de las ideas y los programas de gobierno de cada una.
"En los debates entran a jugar otros dispositivos que tienen efectos sobre el público. Los debates son siempre una oportunidad para el que viene perdiendo y son un riesgo para el que viene ganando. Esto es una regla general", analizó ante la consulta de La Tecla.info
 Romero admitió que "es difícil" que los debates puedan definir una elección, aunque aclaró que, en todo caso, "pueden operar sobre un segmento muy acotado del electorado, que tiene algún nivel de indefinición". Más aún, en un contexto en el que la diferencia "es mucha".
En este sentido, consideró que es una "picardía" el debate de candidatos a vicepresidente por la visibilidad que tomaría Cristina en ese escenario. "Claramente, las posibilidades son más favorables al Gobierno. La que tiene mucho que perder es Cristina, quien debería dedicarse a defender su gestión de gobierno".
En ese sentido, recalcó que "exponer a Cristina a un debate y a tener que discutir lo que una buena parte del electorado cuestiona, que fue toda su etapa de gobierno, sobre todo la etapa final, es una oportunidad para el Gobierno".
En este sentido, sostuvo que el Gobierno buscará aprovechar la negativa de Cristina a participar e hizo hincapié en lo que suelen mencionar los expertos en comunicación política. "Los debates no hacen ganar una elección, pero pueden hacerla perder". Por eso mismo, recalcó “el mayor riesgo es para Cristina”.
|
