El Bloque FPV-PJ acumula proyectos en la legislatura y espera que Cambiemos les de tratamiento

La iniciativa es impulsada por el diputado provincial Manuel Elías, oriundo de Pergamino. En el articulado del proyecto buscan sancionar a los autores materiales e intelectuales del incendio forestal con una multa económica de entre 300 y 10 mil sueldos básicos de la categoría inicial de administración pública provincial.

“El producido de estas multas será afectado al área de protección ambiental que corresponda, mediante un fondo específico, para la recuperación y reforestación del área afectada”, expresa el artículo tercero.

También hace hincapié en la prohibición de venta de lotes que tengan antecedentes incendiarios. Para eso, se aconsejó establecer categorías entre terrenos de muy alto valor de conservación, de mediano valor de conservación y de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley.

“La autoridad de aplicación para la recuperación de las áreas incendiadas, categorización del área afectada y gestión de los fondos específicos será el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) o similar”, completó al respecto el diputado Elías.

Por otro lado, el malestar crece en el bloque opositor porque resulta que viene presentando varios proyectos que Cambiemos "pone en el freezer". Es que el diputado oriundo de Coronel Suárez, y miembro del espacio, Ricardo Moccero, puso a consideración otros puntos a tener en cuenta que resultan clave para la región del sudoeste de la provincia.

Tal como señaló a La Tecla, Moccero recriminó: “Hace años que vengo insistiendo para que el sudoeste tenga un precio diferencial en la tarifa de gas; los siete meses de invierno ya son un hecho inobjetable”. Para ello presentó un proyecto para beneficiar a la región con las tarifas.

Otro proyecto que toma mayor relevancia tiene que ver con la Ley del Sudoeste, la cual da beneficios al sector agropecuario ante la situación que padecen por ser una zona árida. “Parece que la Ley quiere ser rescindida, lo cual es alarmante”, explicó a La Tecla

“Lo que no puede faltar el año próximo es un artículo de la ley, tal vez el más importante, en el que se les exime el 70 % del impuesto Inmobiliario Rural a los productores, algo indispensable ante la evidente desigualdad de la región con el resto, dado las sequías”, agregó al respecto.

La demora en la respuesta de estas iniciativas suma así más obstáculos al oficialismo para que el presupuesto 2017 sea tratado en la próxima sesión.