El proyecto oficial, que apunta a recuperar unos 1.600 millones de pesos según indicó el Gobierno, generó un fuerte debate en la cámara de Diputados, sobre todo por parte de legisladores de la oposición que cuestionaron al Ejecutivo por “favorecer a grandes empresas” con la moratoria.
De todos modos, la norma sufrió modificaciones en su tratamiento, por lo que deberá volver a tratarse por el Senado, que ya lo había aprobado en primera instancia.
Desde la oposición, el discurso más fuerte estuvo a cargo del massista Ricardo Lissalde, quien dijo tener “las pelotas llenas (sic) por estar legislando a favor de los ricos, de quienes pueden hacer lobby para aprobar las leyes”.
El diputado del Frente Renovador dijo que la iniciativa propone “descuentos del 40 por ciento a empresas eléctricas y bancos”, y se preguntó si “¿esto no criticaba de Cristóbal López Cambiemos?”, en referencia a una denuncia del Gobierno nacional al empresario kirchnerista por retener más de ocho mil millones de pesos en impuestos a través de la retención que aplicaba su empresa expendedora de combustibles.
Por su parte, el titular del bloque del GEN, Marcelo Díaz, también cuestionó la iniciativa y aseguró que “ARBA se financia a tasa 0 con la doble retención que hace a pequeños contribuyentes, que luego perciben un ‘saldo a favor’”. Se refiere a las retenciones a monotributistas que de esa forma pagan en más de una ocasión una misma carga y luego obtienen un “crédito fiscal” por parte de la agencia de recaudación. Para Díaz, esto explica el 10 por ciento de los recursos totales de ARBA.
DEFENSA OFICIAL
El proyecto del Ejecutivo dispone un plan de regularización de deudas para unas tres mil empresas que actúan como agentes de retención de los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, a quienes ofrece una condonación de las multas y recargos y una reducción en los montos de los intereses que correspondieran.
La iniciativa había sido incluida en el proyecto que establecía la adhesión bonaerense al régimen de Sinceramiento Fiscal, pero la oposición de la mayoría de los bloques forzó a que los temas se traten por separado.
Desde el Gobierno se informó que se trata de 3.135 empresas en situación irregular, y aseguraron que si el Ejecutiva judicializa la situación correrían peligro unos 230 mil puestos laborales.
“Hay 230.000 trabajadores en distintos distritos de la Provincia que dependen de la actividad de estas firmas. El plan de pagos busca brindarles una solución, ya que les daría la oportunidad de hacer frente a sus obligaciones tributarias”, había señalado el titular de ARBA, Gastón Fossati, al defender el proyecto el mes pasado, durante su debate en el Senado.
La iniciativa dispone que el plan estará abierto hasta el 31 de diciembre próximo, aunque ARBA podrá extenderlo por tres meses más “en caso de considerarlo conveniente”.
Para acceder al beneficio los morosos deberán abonar un anticipo del 10 por ciento del total de la deuda, y podrá optar por saldar el resto en tres cuotas sin intereses o entre 6 y 24 cuotas con un interés del 1,5 por ciento mensual sobre saldo; o entre 27 cuotas y 36 cuotas con un interés mensual del 2,5 por ciento. Cuando se opte por la modalidad de pago al contado, procederá una bonificación adicional del 15 por ciento.
Fuente: DIB |
