El déficit habitacional en Argentina es una realidad que atraviesa los años y los diferentes gobiernos nacionales, provinciales y comunales. Cualquiera sea el color político de los mandatarios de turno, los barrios precarizados, asentamientos y villas no logran romper las barreras de la urbanización y acceder a los servicios básicos que modifiquen el día a día de las familias allí instaladas.
La Organización No Gubernamental Techo ARGENTINA realizó un estudio pormenorizado de la situación en todo el país y puntualmente en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Conforme al relevamiento de la ONG de cuna chilena y expansión mundial, solamente en el territorio bonaerense se encuentran un total de 1.097 asentamientos esparcidos en todas las secciones electorales; a la vez que el número de villas alcanza a 250, y con la particularidad de que solamente en la Cuarta no hay ninguna de ellas.
Cabe destacar que según la ONG, las villas son “barrios con una trama urbana irregular, que no cuentan con suficiente infraestructura ni espacios verdes o de recreación. Se accede por medio de pasillos y tienden a crecer en altura, ya que hay escaso suelo disponible. Presentan una alta densidad poblacional”. Por otra parte, el mismo estudio señala que los asentamientos “son barrios que buscan mantener la trama urbana como continuidad del tejido de la ciudad formal. Los terrenos, aunque en su mayoría están subdivididos, respetan el trazado de las calles. En muchos casos hay lugares para equipamiento y espacios verdes. La densidad poblacional es menor que en las villas”.
En ese marco, el mismo relevamiento demográfico determinó que, del territorio nacional, en la provincia de Buenos Aires se encuentra el 55,6 por ciento de los asentamientos y villas; mientras que el 61,1 por ciento de las familias (397.705) que habitan en ellos también se encuentran en el territorio bonaerense.
Asimismo, a pesar de que el número de asentamientos, en comparación con el estudio realizado en 2013, mostró un leve descenso, la cantidad de familias que los habitan tuvo un incremento.
En los trabajos de campo llevados a cabo tres años atrás, a nivel nacional se identificaron 2.138 asentamientos con la presencia de 533.110 familias; en el estudio actual se confirmó un descenso a 2.062 asentamientos, aunque las familias que los integran crecieron a 594.970.
Uno de los motivos de este fenómeno, según se explicó, fue la unión de dos o más asentamientos en uno solo de mayor tamaño. Además, lograr el acceso a los servicios básicos los elimina de la nómina, aunque la ONG destacó que ese paso adelante no significa que dejen de formar parte de la catalogación de barrios vulnerables, sino que se ubican en un escalafón superior que necesita ser analizado separadamente.
Ya con el estudio finalizado, desde Techo ARGENTINA explicaron: “Estos números continúan mostrándonos que los asentamientos son la máxima expresión de vulneración de derechos humanos y desigualdad en nuestro país. Es un escándalo que a doscientos años de la declaración de nuestra independencia existan familias viviendo en estas condiciones”. En ese sentido, el comunicado oficial del director ejecutivo de la ONG en el país, Virgilio Gregorini, indica que “resolver la problemática de los asentamientos deberá ser prioridad máxima de nuestro país si queremos ser una sociedad justa, democrática, desarrollada y pacífica”.
Asimismo manifestaron que el relevamiento ha dado cuenta de “muy pocos avances” en materia de enfrentar el déficit habitacional que atraviesa la Nación. “Las políticas de vivienda y hábitat vigentes van por detrás de la problemática, que sigue siendo urgente y de gran magnitud. Es necesario generar políticas estructurales que actúen sobre las causas que dan lugar a la generación de nuevos asentamientos o el crecimiento de los existentes, como las políticas de gestión, producción y regulación efectiva del mercado de suelo”, subrayaron desde Techo ARGENTINA.
Falta de acceso a los servicios básicos, ausencia de redes de agua corriente, carencia de conexión a la red pública de energía eléctrica e imposibilidad de contar con redes cloacales para la eliminación de deposiciones son las principales problemáticas que atraviesan los barrios precarizados. A los inconvenientes de deficiencias infraestructurales se suman las cuestiones socioeconómicas consecuencia de la marginalidad.
Tras la publicación del relevamiento bonaerense de asentamientos y villas, pocos dirigentes políticos se hicieron eco de la situación, y un muy escaso número de ellos esbozó promesas de modificaciones.
Al incremento en el Presupuesto bonaerense (ver cuadro aparte), el jefe comunal de Quilmes, Martiniano Molina, anunció que se puso en marcha un plan de urbanización que afectaría a diferentes asentamientos del distrito de la Tercera sección electoral. Conforme a lo expresado por el macrista, “la urbanización beneficiará a más de 10 mil quilmeños”. Por el momento, las obras comenzaron en el asentamiento “Los Alamos”, que alberga a 1.300 familias en la zona de Ezpeleta Oeste. Asimismo detalló que se invertirían 220 millones de pesos para llevar a cabo las obras. Otros alcaldes, como Pablo Petrecca (Cambiemos), de Junín, solamente se escudaron en haber recibido el municipio con los asentamientos instalados.
El estudio de Techo ARGENTINA arrojó que el déficit habitacional aumenta año tras año, y cada vez son más las familias que viven de manera precarizada en la provincia de Buenos Aires.
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