Tal como adelantó semanas atrás la propia Gobernadora, la Provincia enviará a la Legislatura una serie de modificaciones al Código Procesal Penal que prevén potenciar el rol de la víctima, tanto dentro del proceso penal como en la ejecución de la pena, dotando así, de diversas herramientas procedimentales con el fin de garantizarle al perjudicado el pleno ejercicio de sus derechos.
El pleno goce de sus derechos, se refiere, específicamente, a ser oído, informado del curso de la investigación, notificado de toda decisión relevante en el proceso penal, comunicado de cualquier disposición o medida restrictiva que se imponga al victimario, con el consiguiente derecho a manifestar libremente su opinión y que sea tenida en cuenta al momento de resolver por parte de los magistrados.
En este sentido, la víctima de delitos, pasa a tener un rol preponderante en el Proceso Penal, y previo a cualquier decisión judicial que afecte sus intereses, debe ser informada, oída y notificada. Pero cabe destacar que ello sucederá siempre y cuando así lo solicite, con el fin de evitar re-victimizar cuando no tenga interés en conocer sobre el devenir del proceso.
Asimismo, se le garantizará a la víctima, la completa información del curso del proceso, ya que parte de la reparación integral es el derecho a una información clara del devenir judicial de un conflicto al que fue llamada involuntariamente.
Por otra parte, se redefinirá el concepto de víctima. A partir de las modificaciones propuestas, se integrará no solo a aquella que sufre directamente de los efectos del delito, sino a sus familiares directos cuando el delito haya implicado la muerte o un daño tal que no le permita ejercer los derechos y a las organizaciones de la sociedad civil respecto de los delitos que afecten intereses colectivos o derechos de incidencia colectiva.
Además, se extenderá la oportunidad para constituirse como particular damnificado hasta 30 días antes de la fecha fijada para juicio oral. Hasta la fecha, esta situación sólo era permitida hasta el vencimiento para oponerse a la requisitoria de elevación a juicio.
Con la reforma de la Ley de Ejecución, no habrá libertad condicional, libertad asistida, semi- detención, o cualquier otro tipo de morigeración de la pena, sin que la víctima haya sido plenamente informada y escuchada sobre el mérito de la decisión que se tome.
Todos estos derechos se garantizan, independientemente de que la víctima tenga o no representación legal, ya que formarán parte del propio proceso penal y la ejecución de una eventual condena.
Según pudo saber LaTecla.info, el Gobierno bonaerense también está trabajando en un proyecto de ley para crear la figura del "abogado de la víctima" como un cuerpo especial dentro del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, en el que se pretende garantizar el derecho de cualquier víctima de un delito grave a acceder a un patrocinio jurídico gratuito provisto por el Estado de la Provincia de Buenos Aires. |
