A once meses del hallazgo del cuerpo de Candela Sol Rodríguez sin vida, desde la oposición solicitaron un juicio político. El diputado provincial, Marcelo Saín confirmó este miércoles que iniciaron un pedido de juicio político contra el fiscal y el juez.
“El proceso judicial y la investigación llevadas adelante por el fiscal Tavolaro fueron muy turbias, hubo maniobras para proteger a la bonaerense y a redes de narcotráfico con la complicidad de Casal y Scioli, quienes dejaron todo en manos de la Policía”, denunció el legislador y añadió que “todas esas irregularidades fueron avaladas por el juez Meade”.
El hombre de Sabbatella inició un pedido de juicio político ante el Tribunal Provincial de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados debido al “mal desempeño” del fiscal y el juez de la resonante investigación sobre el secuestro y posterior asesinato de Candela Rodríguez, ocurrida en Hurlingham en agosto de 2011.
“Hubo una gran cantidad de maniobras y operaciones para ocultar la participación de la bonaerense y para proteger una red de narcotráfico en el municipio de San Martín”, señaló el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. “Nuestra acusación está apoyada en un fallo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, del 17 de abril de 1012, que señala cómo el fiscal Tavolaro incurrió en fallos muy graves en la investigación, que luego fueron convalidados por el juez Meade quien llevó adelante la instrucción”, explicó el legislador.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal integrada por los camaristas Naldini, Mingolo y Fernández, mediante esa resolución de abril de 2012 anuló gran parte de las actuaciones de la instrucción y resolvió apartar de la causa al titular de la Unidad Fiscal de Instrucción N°6 de Morón, Marcelo Tavolaro y al juez de Garantías del Juzgado de Garantías N°4 del mismo distrito, Alfredo Meade.
“En cualquier otro país, un caso como el de la niña Candela hubiese terminado con la renuncia de la máxima autoridad política de la Provincia, el gobernador Scioli”, aseguró Saín y planteó que el caso fue “un vuelto por cuestiones vinculadas al narcotráfico de la zona. Aunque, como esto hubiera ventilado la conexión policial con el narcotráfico y ello en épocas de elecciones hubiese sido un revés enorme para Scioli, contrataron un abogado como Burlando para desviar la investigación y encubrir a la verdadera trama estatal criminal”.
“Si esto se investiga de vuelta es probable que algunos jefes policiales que han estado comprometidos, salgan esposados pero quizás también algún funcionario de gobierno. Tanto el Poder Judicial como los legisladores bonaerenses tenemos una gran responsabilidad en el esclarecimiento de este caso y en la sanción a sus responsables”, concluyó. |
