Por Rosendo Fraga (*)
La protesta del 8N ha sido una de las más relevantes de la historia y ha debilitado al gobierno, pero su desarrollo hacia el futuro es incierto. Cuantitativamente -si se suman todas las expresiones en el país- compite con la realizada el 17 de noviembre de 1972 para recibir a Perón en Ezeiza. Sociológicamente, profundiza el fenómeno de las redes sociales como ámbito de la protesta y debate político. Está en éstas la mitad de la población argentina, pero dos tercios de los jóvenes. Ello ya define el componente social de clase media de esta manifestación. Políticamente debilita al gobierno y da una oportunidad a la oposición, quedando planteada la cuestión de qué sector o dirigente opositor logrará canalizarla en mayor medida. Globalmente, lo sucedido el 13S y el 8N es una manifestación local de un fenómeno global que irrumpe en la política mundial con el uso del Twitter en la primera elección de Obama, se potencia con su rol como desencadenante de la rebelión en los países árabes y tiene nuevas manifestaciones en el mundo desarrollado como los Indignados de España y el Movimiento Anti-Wall Street en los EEUU. Se trata de movimientos que pueden generar cambios políticos importantes, pero que no tienen capacidad de capitalizarlos y terminan beneficiando por lo general a fuerzas políticas preexistentes. En la Argentina este movimiento continuará; la pregunta es qué grado de unidad tendrá de ahora en más.
El gobierno ya ha respondido redoblando la puesta, como es su personalidad e ideología, demostrándolo en las declaraciones de la Presidenta del 8 y el 9 de noviembre. Criticó duramente a quienes protestan; dijo que va a continuar con su modelo y a profundizarlo y que no cederá. El proyecto de reforma constitucional y un tercer mandato consecutivo no ha sido abandonado y sigue dependiendo del resultado de la elección legislativa del año próximo, aunque se ha hecho más difícil no sólo por la protesta de las redes sociales, sino también por el compromiso de oponerse firmado por la totalidad de las fuerzas opositoras en el Congreso. Pero la respuesta del gobierno en el corto plazo pasa por la aplicación de su interpretación de la ley de medios. Esta semana el Congreso dará sanción definitiva a la ley que reglamenta el per saltum que permite pedir en cualquier instancia que una causa pase directamente a la Corte. Al mismo tiempo, el oficialismo denunciará a la totalidad de los miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, donde ya ha logrado dos renuncias y enfrenta el riesgo de una extensión de la medida cautelar que vence el 7D. Pero la cuestión pasa a ser si la Corte aceptará el per saltum que pedirá el gobierno. Su Presidente (Lorenzetti) ha dicho que el máximo tribunal no aceptará presiones ni del gobierno ni de las empresas y el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Alak) le respondió el 2 de noviembre, diciendo que si el máximo tribunal no acepta la causa, será una crisis institucional.
Esta misma semana el oficialismo avanzará con la aplicación de su interpretación de la ley de medios. Sin contar con el fallo de constitucionalidad respecto a los artículos 45 y 161 de ella, el AFSCA -el organismo público que aplica la ley- anunciará esta semana de qué emisoras deberán desprenderse los más de 20 multimedios que se ven afectados por esta ley, comenzando por Clarín. Esta decisión implicará una intimación para que los medios se adecuen a la normativa en la interpretación del gobierno antes de que los artículos mencionados entren en vigencia el 7 de diciembre al vencer la cautelar. Al mismo tiempo, la Presidenta ha dispuesto movilizar a todos sus militantes del país para que el 7 ó 10 de diciembre realicen una demostración popular frente a la sede del Canal 13 y TN. De esta forma, buscará recuperar la iniciativa en términos de movilización en la calle tras haberla perdido el 13S y el 8N. El 7D la Presidenta estará en Brasil participando de la Cumbre de Presidentes del Mercosur ampliado. En este ámbito, denunciará la eventual resistencia del Grupo Clarín, las acciones judiciales a su favor que existieran, el apoyo que reciba de los legisladores opositores y la movilización callejera a su favor -si existiera- como un golpe institucional de las corporaciones, tratando de mostrar una situación análoga a las que tuvieron lugar en Honduras y Paraguay y la que denunció Correa en Ecuador con motivo de un motín policial. Tras el 13S, el oficialismo realizó pintadas denunciando a los opositores como golpistas y lo mismo hizo el mismo 8N con carteles en la Ciudad de Buenos Aires denunciando el golpe de Magnetto, Moyano y Barrionuevo.
Hasta entonces, se vivirá una fuerte tensión política y a lo mejor también económica. El 17 de noviembre -día del Militante en el PJ por ser el aniversario del mencionado regreso de Perón- el oficialismo hará el pre-estreno de la película sobre la vida de Kirchner en el Luna Park. El 22 del mismo mes será estrenada en 120 salas de cine en todo el país. No es algo comparable con las dos protestas de las redes sociales, pero buscará mantener la motivación de los militantes oficialistas con miras al 7D. A su vez, el 20 de noviembre tiene lugar el paro general del sindicalismo opositor -que sería sin movilización-, del que participan las CGT de Moyano, la de Barrionuevo, la CTA de Micheli y será acompañada por la Federación Agraria Argentina y eventualmente por la Federación Universitaria Argentina. Pero la cuestión es qué grado de cohesión podrán mostrar tanto la oposición política como el movimiento de protesta gestado entorno a las redes sociales, para coincidir con el Grupo Clarín y otros medios privados para dicha fecha. La definición de la Presidenta dio en febrero -vamos por más, vamos por todo- es clave para interpretar los acontecimientos políticos de los próximos días. Al mismo tiempo, quienes miran los mercados tienen un cronograma propio que pasa por el 16 de noviembre, fecha en la que el juez Griesa definiría como debe Argentina pagar a los acreedores que quedaron fuera del canje, el pago en dólares de un bono emitido bajo ley local por la provincia de Buenos Aires una semana más tarde y los vencimientos de bonos emitidos por el gobierno nacional bajo ley de EEUU el 2 y el 15 de diciembre.
En conclusión, la protesta del 8N puede haber sido la más grande de la historia y ello ha hecho más difícil, pero no imposible, el proyecto de reforma y re-reelección; la Presidenta ya ha respondido redoblando la apuesta, como lo mostraron sus declaraciones del 8 y 9 de noviembre, antes y después de la protesta; esta misma semana el gobierno comenzará a aplicar su interpretación de la ley de medios y si el 7D no lo lograra, parece dispuesto a denunciar a sus adversarios como golpistas y en los días que restan hasta esa fecha habrá una fuerte tensión política, con el oficialismo buscando mantener el entusiasmo de sus militantes con la película sobre Néstor y el sindicalismo opositor realizando un paro.
(*) Titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría |
