(*)Por Rosendo Fraga
En los últimos días de julio el gobierno de Cristina Kirchner ha ratificado su rumbo ideológico en todos los ámbitos. La reforma de la Constitución es una pieza central y en agosto se realizará en Rosario un Congreso para impulsarla. La semana pasada fue recibida en el Senado la Presidenta de la Cámara Alta de Bolivia (Montaño), quien expuso ante los senadores K sobre la reforma en su país de 2009, que incluyó la soberanía hidrocarburífera, la intervención estatal en la economía y la despenalización de la droga. Mientras tanto va cobrando fuerza el Movimiento Nueva Constitución Emancipadora, integrado por figuras que van desde el líder piquetero Luis D’Elía hasta el Juez de la Suprema Corte, Eugenio Zaffaroni. Al mismo tiempo, uno de los dirigentes del ala izquierda del kirchnerismo (Sabbatella) -que integra además dicho movimiento- dijo que hay que desmitificar la idea de que no se puede reformar la Constitución.
En lo económico se amplió la intervención estatal en todo el sector energético, dándole su control al viceministro de Economía (Kicillof), quien también recibió la supervisión de los directores del estado en las empresas privadas; se ha hecho público que se avanza hacia la estatización de la empresa Metrogas; la Presidenta del Banco Central anticipó que podrían pesificarse los mercados de futuro en los granos; se extendieron las restricciones para las ayudas en divisas a familiares en el exterior, etc. Frente al previsible aumento de los despidos, se incrementará el control sobre las empresas para impedirlos.
La confrontación de Tecnópolis frente a la Exposición de la Sociedad Rural y el reemplazo de Roca por Evita en el billete de cien pesos confirman el rumbo ideológico que se profundiza desde la reelección, al igual que una nueva ofensiva contra el Grupo Clarín. La defensa de la Presidente de que los presos participen fuera de las cárceles en actos culturales del oficialismo se inscribe -en materia de seguridad pública- en la corriente garantista.
En paralelo, el conflicto entre el estado nacional y las provincias se va profundizando. La decisión de intervenir en el sector hidrocarburífero entra en conflicto con el artículo de la Constitución que provincializó los recursos naturales, pero tiene como base el artículo de la ley de estatización de YFP, que declaró de interés público nacional toda la actividad del sector. Los gobernadores de las provincias petroleras comienzan a reaccionar, pero sus senadores votaron a favor de dicho artículo a fin de abril.
La reducción de los subsidios al transporte implica que el gobierno nacional traslada el costo del mismo a las provincias, sumando otro problema más a la relación con ellas. Varias han recibido el auxilio del Ejecutivo con fondos extra-coparticipables para poder pagar el medio aguinaldo (Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Río Negro), y otras provincias muy alineadas con la Casa Rosada -como es el caso de Tucumán- también están reclamando asistencia. En este marco es el gobernador de Córdoba (De la Sota) el que más claramente está expresando la postura de las provincias y esta semana llevó ante la Corte el reclamo por los 1020 millones de pesos que le adeuda el Ejecutivo para el sistema jubilatorio, acción que podrían seguir otras provincias. Al mismo tiempo, tanto la Presidenta como el jefe de Gabinete han reiterado su crítica a los gobernadores por las deficiencias en la administración de los recursos.
Finalizando julio, se confirma que entre Scioli y la Casa Rosada sólo existe una frágil tregua. El gobernador busca asegurarse independencia para financiar el déficit provincial de los próximos meses, ampliando la prórroga de las concesiones en el juego -una actividad de creciente importancia política y económica en Argentina- y tomando deuda por diversos medios. A ello se agrega que desde su agrupación política -La Juan Domingo- se ha vuelto a insistir con su candidatura para 2015.
Por su parte, el vicegobernador (Mariotto) usa la reanudación de la actividad de la legislatura bonaerense para exigir la respuesta a sus pedidos de informes sobre la inseguridad y la publicidad oficial bonaerense, cuestionar la prórroga de las licencias de los bingos e incluso plantear la necesidad de su estatización. Desde el cristinismo, Depetri sostiene que el gobernador debe aceptar las condiciones de Cristina y Kunkel afirma que Scioli sería un buen candidato a Jefe de Gobierno porteño. Por su parte el ministro de Planificación e Infraestructura (De Vido) continúa reuniéndose con los intendentes para otorgarles obras públicas a cambio de alineamiento con la Casa Rosada y abandonar al gobernador. Tanto la Presidenta como la ministra de Seguridad criticaron públicamente la política del gobernador bonaerense frente a la delincuencia. Los sondeos siguen mostrando que Scioli tiene hoy mejor imagen que Cristina y que la esposa del gobernador (Karina) supera a la cuñada de la Presidente (Alicia) en la provincia de Buenos Aires y ello profundiza el conflicto.
Por su parte, la oposición política sigue sin articularse y Hugo Moyano aparece como la figura más relevante frente al gobierno nacional. El discurso del oficialismo trata de descalificarlo, acusándolo de ser un político opositor antes que un dirigente sindical y el titular de la CGT asume este rol, al tener cerradas todas las puertas de negociación con el gobierno. Al mismo tiempo, reclama que el salario mínimo se incremente a 3500 pesos frente a la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil que se reunirá en agosto y del cual participará, dado que hasta octubre no será elegida la conducción de la central sindical anti-moyanista. Este sector por su parte reclama la extensión de la Asignación Universal por Hijo a todos los trabajadores, el aumento de las asignaciones familiares y que se normalice el flujo de fondos hacia las obras sociales. Las diferencias en los sindicalistas contrarios a Moyano son importantes, pese a lo cual el posible candidato a secretario general de esta central (Caló) logró por ahora el y los sectores conocidos como los Gordos y los Independientes, que lo cuestionaban.
En paralelo, en la oposición política se tienden puentes entre la UCR y el Socialismo (ya que ambas fuerzas ven como prioridad impedir la reforma constitucional) y Macri a su vez busca espacio nacional sumando su reclamo contra el gobierno nacional al de las provincias.
En conclusión: el oficialismo profundiza su rumbo ideológico, tanto con el proyecto de reforma constitucional, como con las medidas económicas, el uso simbólico de Tecnópolis y el billete de Eva Perón; el conflicto con las provincias por los recursos se extiende y profundiza, con la intervención en el sector hidrocarburífero y la transferencia del ajuste en las tarifas de transporte; entre Scioli y la Casa Rosada rige una frágil tregua, asumida como tal por ambas partes del conflicto, y Moyano asume el rol opositor que le adjudica el gobierno mientras ambos sectores sindicales compiten en sus reclamos frente al gobierno nacional.
(*) Titular del Centro de Estudios Nueva Mayoría |
